A través de la plataforma SUBAST.AR, la Casa Rosada busca estandarizar el ingreso de capitales privados y eliminar intermediaciones para la venta de activos estatales.
A través de la plataforma SUBAST.AR, la Casa Rosada busca estandarizar el ingreso de capitales privados y eliminar intermediaciones para la venta de activos estatales.
En su afán por acelerar la reforma del Estado y achicar la estructura pública, el Poder Ejecutivo dio un paso decisivo al fijar el andamiaje tecnológico con el que administrará la transferencia de empresas estatales al sector privado. Lejos de las tradicionales licitaciones físicas cargadas de expedientes en papel, el gobierno de Javier Milei terminó de diseñar un ecosistema 100% digital donde se resolverán desde la venta de acciones corporativas hasta la adjudicación de complejos hidroeléctricos.
La medida, formalizada mediante la Disposición 52/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece un protocolo unificado de acreditación y participación que busca agilizar las futuras compulsas de ofertas. El objetivo central de la Jefatura de Gabinete y del equipo económico es ofrecer previsibilidad normativa a los inversores nacionales e internacionales, reduciendo al mínimo la discrecionalidad administrativa.
El eje de este nuevo mecanismo radica en la centralización operativa. Todas las ventas de empresas públicas, paquetes accionarios, cuotas de capital social o unidades productivas contempladas bajo el marco legal de la Ley Bases (27.742) y la Ley de Reforma del Estado (23.696) deberán tramitarse de manera electrónica a través de la plataforma SUBAST.AR.
Para ingresar a este “mercado digital” de activos públicos, los postulantes deberán completar una validación previa en el módulo específico habilitado dentro del portal CONTRAT.AR. La reglamentación prevé un canal simplificado para quienes ya operan en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) o se encuentran inscriptos en el sistema COMPR.AR, evitando la duplicación de requisitos burocráticos.
Un aspecto técnico saliente de la normativa es la exigencia de concordancia estricta: la figura del “Administrador Legitimado” —el representante apoderado de la empresa oferente— deberá coincidir exactamente de forma cruzada en los tres sistemas oficiales. Con esta trazabilidad digital, el Estado pretende neutralizar las impugnaciones cruzadas y garantizar la transparencia del proceso en tiempo real. La flexibilización alcanza también a los actuales concesionarios regidos por la Ley 17.520, quienes podrán migrar sus registros sin necesidad de rehacer trámites de empadronamiento.
La estructuración de este canal informático responde a la urgencia del cronograma oficial programado para el segundo semestre del año. La hoja de ruta de privatizaciones entrará en su fase de definiciones más agresiva durante los próximos meses, funcionando como la prueba de fuego para el sistema SUBAST.AR.
El caso testigo de mayor envergadura será el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según los plazos que maneja el Palacio de Hacienda, la privatización del gigante del agua potable tendrá su hito decisivo a fines de agosto con la recepción de las ofertas técnicas, para dar paso en septiembre a la apertura de las propuestas económicas que definirán al nuevo operador privado.
En paralelo, el sector energético avanza a paso firme. El Ejecutivo ajusta los detalles para la venta de las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, activos clave en la matriz de generación del Mercado Eléctrico Mayorista. A su vez, esta misma semana se dio el puntapié inicial para la licitación pública nacional e internacional que buscará traspasar el 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. junto con la concesión del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, en la provincia de Mendoza.
La digitalización masiva del remate de empresas del Estado persigue dos metas simultáneas. Por un lado, alinearse con el programa de desregulación y austeridad fiscal promovido por la Casa Rosada, reduciendo los costos de mantenimiento de empresas públicas. Por el otro, enviar una señal al mercado financiero internacional respecto a la velocidad de ejecución de la agenda oficial.
Al transformar la plataforma estatal en una terminal de remates electrónicos accesibles desde cualquier lugar del mundo, el Gobierno confía en amplificar la competencia entre interesados y maximizar el valor de recupero de los activos públicos. El éxito de esta ingeniería informática no solo determinará el mapa de las privatizaciones en el país, sino que pondrá a prueba la capacidad de la administración para atraer inversiones de largo plazo bajo un modelo estrictamente digital.
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A través de la plataforma SUBAST.AR, la Casa Rosada busca estandarizar el ingreso de capitales privados y eliminar intermediaciones para la venta de activos estatales.
