La UNAM evalúa anular o validar 158.000 exámenes de ingreso tras sospechas de fraude con inteligencia artificial. Mientras un comité de expertos define las medidas a tomar, los aspirantes protestan exigiendo certezas sobre el inicio de clases.
La UNAM evalúa anular o validar 158.000 exámenes de ingreso tras sospechas de fraude con inteligencia artificial. Mientras un comité de expertos define las medidas a tomar, los aspirantes protestan exigiendo certezas sobre el inicio de clases.
El presunto empleo de asistentes virtuales y herramientas de inteligencia artificial durante el proceso de selección virtual ha paralizado las admisiones de la principal universidad pública mexicana. Ante las irregularidades detectadas en las pruebas a distancia, las autoridades de la casa de estudios constituyeron una mesa técnica interdisciplinaria encomendada a dictaminar en el corto plazo las medidas a seguir, manteniendo abiertas todas las alternativas administrativas, desde la validación ponderada hasta la anulación integral de la convocatoria.
El estancamiento institucional motivó las primeras concentraciones de postulantes frente a la sede del rectorado. Quienes alcanzaron los puntajes requeridos exigen el reconocimiento de su desempeño y rechazan la posibilidad de someterse a una nueva evaluación, argumentando el cumplimiento estricto de las exigencias del sistema. En contraposición, otros participantes expresan frustración ante las fallas de los mecanismos de supervisión remota y reclaman garantías de equidad para la asignación de las vacantes disponibles.
La controversia ha puesto bajo la lupa los filtros de seguridad implementados para los exámenes a distancia frente al formato tradicional presencial. Diversos postulantes a carreras de alta demanda señalan la falta de previsión institucional para neutralizar el uso ilícito de software avanzado, si bien confían en la idoneidad de los controles reactivos aplicados por la universidad para distinguir entre el mérito genuino y las anomalías digitales.
A escasos días de la fecha fijada originalmente para la apertura de las aulas, la parálisis organizativa mantiene en vilo tanto a las familias como a las autoridades académicas. La resolución del comité evaluador no solo definirá el ingreso del presente período lectivo, sino que sentará un precedente definitivo sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en el acceso a la formación universitaria estatal en la región.
Desconocidos asaltaron un juzgado de Garantías en San Martín tras forzar el acceso y desviar las cámaras de vigilancia. Los delincuentes se llevaron la computadora del juez y claves de firma digital, en medio de investigaciones por causas sensibles.
La senadora mendocina Mariana Juri solicitó a la ANAC auditar a Flybondi tras registrarse un colapso operativo con masivas cancelaciones de vuelos. El pedido exige revisar sanciones, estado de la flota y esquemas de compensación para proteger a los usuarios.
Pagni analiza la incursión de Milei en Brasil como parte de la estrategia pro-Trump contra China en Sudamérica. Paralelamente, la AFA busca blindarse con jueces afines locales ante los inminentes pedidos de extradición desde Estados Unidos.
La Justicia de Estados Unidos citó en Miami a un testigo clave por presuntas irregularidades en los fondos de la AFA administrados por TourProdEnter LLC. Las partes negocian postergar la audiencia para preservar la confidencialidad de la investigación.
El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono de $70.000 para jubilados de menores ingresos en agosto. Además, fijó el haber mínimo en $419.775 y la jubilación máxima en $2.824.694, ajustando también las restantes prestaciones previsionales.
El gobierno de Brasil mantuvo a su embajador en Brasília tras reuniones con Lula y el canciller Vieira. Aunque Argentina bajó el tono del conflicto, Brasilia aplazó el regreso del diplomático para seguir evaluando las relaciones bilaterales tras los insultos.
La senadora Patricia Bullrich evaluó competir por la Jefatura de Gobierno porteña para aplicar reformas estructurales. Además, marcó diferencias ideológicas con Victoria Villarruel, minimizó las tensiones diplomáticas con Brasil y cuestionó la estrategia judicial de Cristina Kirchner.
Trece provincias argentinas necesitarán más de 1.000 millones de dólares para saldar deudas en el segundo semestre. La provincia de Buenos Aires encabeza los pagos, mientras varios distritos aprovechan la baja del riesgo país para emitir nuevos bonos.
