Tras la decisión de cancelar los comicios en Nicaragua, el régimen impulsó una reforma constitucional para prolongar a siete años renovables los mandatos del Ejecutivo y los mandatos de las jefaturas del Ejército y la Policía.
Tras la decisión de cancelar los comicios en Nicaragua, el régimen impulsó una reforma constitucional para prolongar a siete años renovables los mandatos del Ejecutivo y los mandatos de las jefaturas del Ejército y la Policía.
El Parlamento de Nicaragua inició la consulta de una reforma constitucional que extenderá de seis a siete años renovables el periodo del Poder Ejecutivo y de las jefaturas del Ejército y la Policía Nacional. La iniciativa, presentada este jueves por la directiva de la Asamblea Nacional, busca formalizar los anuncios realizados por el mandatario Daniel Ortega sobre la interrupción de procesos electorales competitivos en el país.
El paquete de modificaciones a la Carta Magna alcanza a las autoridades electas por voto popular, diputados, alcaldías y funcionarios ratificados por el Poder Legislativo. De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, la norma modificará de pleno derecho toda la legislación vigente que regule periodos de seis años para adecuarlos al nuevo marco constitucional.
Paralelamente, el proyecto modifica el artículo 47 de la Constitución para proscribir la participación política de personas u organizaciones calificadas por el Ejecutivo como “golpistas” o “traidoras a la patria”.
Asimismo, faculta al Consejo Supremo Electoral a negar la personalidad jurídica a partidos políticos que reciban financiamiento extranjero u omitan los principios del régimen constitucional.
Durante el proceso de consultas en el plenario, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, expresó el respaldo de la institución castrense al cambio constitucional. Avilés, quien ocupa la jefatura militar desde 2010, argumentó que la reforma fortalece la institucionalidad y la defensa de la soberanía nacional.
De aprobarse la enmienda en septiembre, el mandato de la comandancia militar y de la dirección de la Policía Nacional —encabezada por el primer comisionado Francisco Díaz— se prolongará también a siete años.
El proyecto contempla además el cambio en las fechas ceremoniales de toma de posesión presidencial, trasladando el acto institucional del 10 de enero al 18 de enero, en conmemoración del natalicio del poeta Rubén Darío.
Analistas e investigadores de centros de estudio internacionales indicaron que la prolongación del mandato y el aplazamiento de las fechas electorales constituyen un mecanismo para asegurar la continuidad del esquema de copresidencia que integran Ortega y Rosario Murillo.
El antecedente inmediato ocurrió en febrero de 2025, cuando una reforma previa amplió la gestión de cinco a seis años y postergó los comicios previstos para 2026 hacia el año 2027.
El anuncio sobre la reestructuración del sistema político nicaragüense derivó en posicionamientos de la comunidad internacional. Representaciones diplomáticas de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitaron sesiones extraordinarias para abordar la situación institucional y las consecuencias migratorias en la región.
Diversos gobiernos del hemisferio y Europa, incluyendo mandatarios de Brasil, Uruguay, Costa Rica y Chile, manifestaron reparos ante la cancelación de las garantías democráticas y la restricción del espacio cívico.
Organismos multilaterales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reiteraron la necesidad de restablecer los canales para el ejercicio pleno de los derechos políticos.
Frente a los cuestionamientos externos, voceros del gobierno nicaragüense rechazaron la injerencia extranjera y sostuvieron que los cambios garantizan la estabilidad de la nación.
La aprobación definitiva de la reforma constitucional se prevé para los primeros días de septiembre de 2026, tras concluir el calendario de consultas con los sectores convocados por el Parlamento.
Bilal Chughtai y Josh Engels dejaron el equipo de seguridad de Inteligencia Artificial General del gigante tecnológico. Se suman a una ola de dimisiones en Silicon Valley que denuncia una carrera descontrolada hacia sistemas sobrehumanos sin haber resuelto los problemas de alineación técnica.
Docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires se movilizan frente al Ministerio de Economía para exigir la ejecución de la Ley 27.795 y el cumplimiento de los fallos judiciales. Reclaman recomposición salarial, becas y partidas para investigación.
El consorcio liderado por Mauricio Filiberti y el Grupo Roggio se presentaron a la primera etapa licitatoria para controlar el 90% del paquete accionario de la empresa de agua. El Ministerio de Economía prevé recaudar unos US$ 450 millones en una operación que abarca el servicio de 14 millones de usuarios en el AMBA.
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Dos de los cinco carriles de la avenida Lugones permanecen cerrados a la altura de la curva de conexión desde General Paz debido a tareas de reparación de Metrogas. Se aguarda el tiempo de fraguado del hormigón para habilitar la traza completa hacia el final del día.
Indicadores adelantados muestran señales dispares para el octavo mes del año, con subas en automotores y créditos comerciales. Sin embargo, los economistas advierten que el tibio repunte no alcanzará para compensar el fuerte desplome de la industria, la construcción y la minería registrado en julio.
El Ejecutivo presenta la ley de leyes que marcará la hoja de ruta del último año de gestión de Javier Milei. La distribución de fondos a las provincias será la principal moneda de cambio de la Casa Rosada para destrabar la suspensión de las PASO en el Senado.
Este martes, el órgano del oficialismo busca afinar la estrategia en torno a iniciativas determinantes.
