Diversos países de América Latina delegan la seguridad pública en las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que esta estrategia genera vulneraciones a los derechos humanos y desvirtúa la función civil de la policía.
La incorporación de las estructuras defensivas a las dinámicas del control interno se consolidó como una tendencia recurrente en diversos países latinoamericanos para contener el accionar de las organizaciones delictivas. Casos como el de Perú reflejan esta inclinación mediante decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas atribuciones en el patrullaje de las vías públicas y la administración de los recintos penitenciarios. De manera similar, en territorio ecuatoriano la declaración formal de conflicto interno habilitó el despliegue castrense tras episodios de violencia en los centros de detención y medios de comunicación, generando posteriores investigaciones sobre el actuar de las fuerzas bajo custodia.
Por su parte, la experiencia mexicana evidencia un proceso prolongado donde la participación militar ha trascendido las tareas operativas de calle. A través de la creación de la Guardia Nacional y la transferencia de competencias administrativas, el estamento militar asumió progresivamente la gestión de infraestructuras clave como aduanas, aeropuertos y obras públicas. En tanto, El Salvador sostiene de forma continuada un régimen de excepción iniciado en 2022 que restringe ciertas garantías constitucionales, posicionando a los efectivos del ejército como el eje central de las detenciones masivas en las comunidades.
Frente al fenómeno de la militarización regional, un reportaje publicado por El País analiza cómo algunas naciones mantienen esquemas basados en la labor de agencias civiles e inteligencia. Costa Rica destaca como un modelo particular al carecer de Fuerzas Armadas desde mediados del siglo pasado, confiando la persecución penal y la prevención del delito a los cuerpos policiales y al sistema judicial, aun en contextos de restricciones presupuestarias y avance del narcotráfico internacional.
Los análisis de especialistas y organismos internacionales advierten que delegar el orden público en los ejércitos suele derivar en riesgos para las libertades individuales y en una escalada de la violencia, debido a que el entrenamiento castrense difiere de la formación policial. Quienes defienden el fortalecimiento institucional argumentan que la desarticulación del crimen organizado requiere una acción integral enfocada en la investigación financiera, el control judicial de las causas y la recuperación de la presencia estatal en el plano social.
Ante la falta de votos en el Senado, el oficialismo aceptó modificar el capítulo de la Ley de Tierras. El nuevo borrador fija un techo del 25% a la compra por parte de extranjeros y concede facultades de reglamentación a las provincias.
El sindicalista y exdiputado nacional fue aprehendido en la vía pública tras ser acusado de agredir a una joven de 23 años. La policía lo interceptó en el barrio porteño de Belgrano luego de una llamada de emergencia al 911.
A días del cierre del mercado, el Xeneize corre contra el reloj para tapar el hueco ofensivo tras la lesión de Adam Bareiro. Entre la veteranía de Enner Valencia y la sequía goleadora del Chimy Ávila, la gestión apela a la improvisación y al desprendimiento a apuradas de juveniles para emparchar el plantel.
El reality de Telefe alcanzó un pico de 12,6 puntos y se impuso en el prime time de la televisión argentina. En una jornada con alta tensión, Steffany “Campanita” Pereira se convirtió en la nueva eliminada del certamen.
Los gobiernos de España y Marruecos atribuyen la reciente entrada masiva de personas a redes ilegales. Sin embargo, la Justicia española investiga si existió una organización criminal detrás del fenómeno mientras crecen los interrogantes sobre la falta de pruebas oficiales.
La Prefectura Naval intimó a 536 profesionales de practicaje a reanudar sus tareas bajo amenaza de sanciones y denuncias penales. La medida de fuerza paralizó a más de 140 buques en rechazo al decreto de desregulación impulsado por el Gobierno.
La justicia hondureña concedió la libertad condicional al expresidente Juan Orlando Hernández, quien solo tendrá prohibido salir del país. Enfrenta cargos por el presunto desvío de diez millones de dólares públicos para financiar su campaña electoral de 2013.
Alejandro Toledo, encarcelado por corrupción a sus 81 años y con un delicado estado de salud, solicitó un indulto humanitario a la presidenta Keiko Fujimori. La decisión final sobre su excarcelación reaviva una histórica rivalidad política en Perú.
