El historiador Pablo Volkind analizó el origen y los alcances del debate sobre la compra de territorio rural por capitales extranjeros. Tras la decisión del Senado de retirar la reforma legal, advirtió sobre la presión en zonas con recursos estratégicos.
Tras el retiro del capítulo sobre el régimen de tierras en el Senado de la Nación, el debate sobre la extranjerización del suelo argentino recobró vigencia. La iniciativa oficialista buscaba modificar la normativa aprobada en 2011 para flexibilizar los límites de compra por parte de inversionistas internacionales.
Datos clave del régimen territorial:
Superficie extranjerizada: Representa el 5% del territorio nacional (13,2 millones de hectáreas).
Departamentos excedidos: Existen 36 distritos que superan el límite legal del 15%.
Límite por propietario: Máximo de 1.000 hectáreas en la zona pampeana por capital extranjero.
El historiador y coordinador del Observatorio de Tierras, Pablo Volkind, explicó que el origen de la discusión pública se remonta a 2008. Aquel año, la adquisición completa de un poblado en La Rioja por capitales estadounidenses impulsó la sanción de la Ley 26.737.
La legislación vigente establece un techo máximo del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Actualmente, el registro oficial contabiliza 13,2 millones de hectáreas en manos privadas extranjeras, una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe.
A pesar de que aún restarían por venderse 26 millones de hectáreas para alcanzar el tope nacional, la presión inmobiliaria se concentra en sectores específicos. En la actualidad, 36 departamentos del país sobrepasan el límite legal, registrando en algunos casos una extranjerización superior al 60%.
Las áreas bajo mayor demanda corresponden a la franja cordillerana desde Salta hasta Tierra del Fuego, así como las zonas ribereñas del río Paraná. En estas regiones se localizan recursos naturales críticos como el litio, tierras raras y reservas de agua dulce.
El especialista advirtió que el interés de los grupos inversores no responde a la explotación agrícola tradicional, sino al control de activos estratégicos no renovables. Casos como el grupo Benetton —poseedor de 1,1 millones de hectáreas— o el magnate Joe Lewis grafican la magnitud de la concentración territorial.
Asimismo, Volkind diferenció el impacto de la llegada de inmigrantes históricos respecto de la acumulación por grandes fondos de inversión. Mientras los colonos recibían parcelas acotadas para el trabajo familiar, las corporaciones multinacionales adquieren extensas superficies de impacto socioambiental.
En el plano normativo, el investigador remarcó la importancia de mantener regulaciones de carácter federal sobre la administración de recursos. Países limítrofes como Paraguay e integrantes de la región imponen restricciones severas en zonas de frontera por motivos de seguridad nacional.
Finalmente, el especialista expresó su rechazo a las modificaciones propuestas sobre la Ley de Manejo del Fuego. Mantener las restricciones al cambio de uso de suelo tras incendios resulta fundamental para evitar la especulación inmobiliaria en áreas protegidas del territorio nacional.
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