Capitanich cargó contra la Ley de Tierras: “Mientras el mundo regula, nosotros desregulamos”

El senador opositor Jorge Capitanich rechazó la desregulación de la Ley de Tierras y advirtió que el paquete oficialista atenta contra la soberanía nacional, priorizando intereses geopolíticos extranjeros en agua y energía por sobre el control regulatorio del Estado.

Jorge Capitanich

El senador nacional por la provincia del Chaco y referente de la oposición, Jorge Capitanich, cargó contra la iniciativa oficialista que busca modificar el régimen de expropiaciones y la regulación de la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. En el marco del debate legislativo, Capitanich advirtió sobre el impacto del paquete normativo impulsado por el Gobierno, señalando que la desregulación territorial responde a intereses geopolíticos internacionales vinculados a recursos estratégicos como el agua dulce, la energía y el desarrollo de la inteligencia artificial. Asimismo, defendió el marco regulatorio vigente y remarcó la necesidad de mantener un Estado con soberanía y capacidad de regulación sobre los bienes nacionales.

Senador ¿Qué pasa si se llega a aprobar esta media sanción y cómo puede continuar en Diputados?

Bueno, en primer lugar, hay que ver qué cuál es el texto normativo que finalmente se aprueba, porque lo que nosotros hemos observado es un paquete cuya iniciativa considera por lo menos seis leyes.

La primera es, como expliqué, la 21.499, que es efectivamente el tema de la expropiación. Es toda una ley de expropiación que establece: primero, interpretación restrictiva; segundo, incorpora el lucro cesante hasta en un 30%; tercero, incorpora efectivamente un esquema de compensación por el Índice de Precios al Consumidor y tasa de interés; y también establece que el Tribunal de Tasaciones pondera como un asesoramiento, pero sin tener una definición respecto al valor. Por lo tanto, eso puede afectar naturalmente la evolución desde el punto de vista de obras de infraestructura pública o la capacidad regulatoria efectivamente en los distintos niveles, tanto nacional como provincial como municipal. O sea, que nosotros planteamos nuestras objeciones en general y en particular.

La segunda cuestión que nos parece importante es la Ley 26.737 de inversión extranjera en materia de tierras. Efectivamente, nosotros vamos a una tendencia absolutamente distinta en el mundo. Mientras el mundo regula, nosotros desregulamos. Y la verdad es que nosotros creemos que todavía la Argentina tiene un límite de casi 42 millones de hectáreas, pero de las cuales cerca de 13 millones de hectáreas están en propiedad extranjera. Por lo tanto, existe una ley, que es la 26.737, un decreto reglamentario, y es perfectamente posible garantizar que esta ley se pueda utilizar adecuadamente. Pero mientras tanto, es necesario que el Estado ejerza su soberanía terrestre para cuidar el agua dulce, para cuidar los minerales estratégicos, para cuidar las zonas de fronteras, para cuidar desde el acceso a acuíferos, a glaciares, a zonas periglaciares y, obviamente, el ambiente. De manera tal que ese es otro tema que hasta ahora está excluido como Capítulo III para el tratamiento general y en particular.

La otra cuestión que nosotros estamos observando de este proyecto de ley es respecto a la Ley 17.801, que es el tema del Registro de la Propiedad Inmueble. Nosotros quisimos trabajar en detalle no solamente la modernización tecnológica, sino también darle un esquema para agilizar, a través de un procedimiento sumarísimo, la regularización dominial, que entendemos que es un gran problema, la emergencia dominial, porque es el acceso… la regularización es la necesidad de que los pobres accedan a la propiedad, no la inviolabilidad de la propiedad privada.

Y por último, hay otra cuestión también que tiene que ver con la posibilidad de la Ley de Manejo del Fuego, que es la Ley 26.815. En ese sentido, no solamente está el límite de los 30 o 60 años, sino también los mecanismos de violación sistemática: el artículo 41 de la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú, el Convenio 169 de la OIT. Entonces, nosotros creemos que todo este paquete de iniciativas…

Desde el oficialismo critican el famoso proyecto de 2011 “Ley Máximo Kirchner” que en este momento cualquier extranjero puede venir a comprar tierras argentinas, independientemente, digo, de la salida del Capítulo III tan controvertido. ¿Qué tiene para decir sobre el proyecto de ley Máximo Kirchner?

No, yo lo expuse. Primero, eso fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. Y había aproximadamente 20 iniciativas legislativas en el Congreso y efectivamente fue que tuvo un alto nivel de aprobación y consenso, en donde se establecieron los siguientes consensos:

  1. Primero, no más del 15% de participación extranjera del total de tierras rurales, que abarca a 42 millones de hectáreas.

  2. Segundo, no más del 30% de procedencia de una nacionalidad.

  3. Tercero, el tema de resguardo respecto a zonas de frontera.

  4. Y por último, ningún Estado extranjero y tipología jurídica anexa.

O sea que, definitivamente, la ley estaba perfectamente encuadrada, y eso no es cierto lo que han dicho desde el oficialismo.

¿Qué piensa que busca el oficialismo con eliminar estas restricciones?

Mire, yo creo que hay una discusión de carácter geopolítico a nivel internacional respecto al tema de la posesión de tierra y territorio vinculada al tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial requiere:

  • Alto porcentaje de utilización de agua dulce para refrigeración de los centros de datos.

  • Segundo, energía, sobre todo en abundancia y lo más barato posible.

  • Tercero, la posesión de la tierra y del territorio para el montaje de centros de datos.

  • Y por último, obviamente, el tema de tener capacidad supraestatal para regular este uso en forma indiscriminada.

Entonces, yo creo que es muy importante discutir y debatir las regulaciones, porque esta arquitectura jurídica que está promoviendo el Gobierno incluye: primero, el tema de esta inviolabilidad de la propiedad privada, me entiendo al lucro cesante y la cuestión de interpretación restrictiva; segundo, esta reforma desde el punto de vista de la extranjerización de tierras sin límites; tercero, el tema del RIGI o Super RIGI también; cuarto, el tema de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, que establece el tema de sociedades automatizadas sin control de personas.

Entonces, obviamente lo que se pretende es no tener trazabilidad desde el punto de vista de la inversión, no tener registro de las mismas y, obviamente, tener un dispositivo de una oligarquía tecnofeudal que maneje los intereses nacionales por sobre el Estado.

Además, ¿qué opina sobre los dichos de Benegas Lynch que tenía intereses en que se puedan comprar tierras indiscriminadamente?

Mire, lo que me parece… yo creo que ahí Benegas Lynch dijo algo que es incorrecto respecto al tema de cómo funciona la inversión extranjera directa. Y la segunda cuestión es que, independientemente de su trabajo de carácter personal, lo que él tiene que representar en el Congreso de la Nación son los intereses del pueblo argentino y obviamente defender la soberanía nacional.

Por eso, vuelvo a insistir en lo siguiente: la tradición del peronismo, desde la Ley 14.222 de inversiones extranjeras directas, que fue la primera en la Argentina, hasta la definición de que nosotros no estamos en contra del capital sino a favor del capital… decir, estamos en contra del capital que se alíe a la oligarquía para ejecutar el poder al Estado. Nosotros creemos realmente que la inversión tiene que ser regulada. Y una inversión regulada que genere incentivos, que promueva empleo de buena calidad, redes de proveedores locales, industrialización, y eso es lo que nosotros pretendemos: que sea un Estado con capacidades inteligentes y obviamente con buena regulación.

Finalmente la votación de Fernández Sagasti no pudo realizarse. ¿Cuál es tu opinión dado que comparten el bloque?

Sí, a ver, nosotros estamos de acuerdo de que efectivamente pueda tener… Pero de cualquier manera me parece que la decisión correcta por consenso fue remitir ambos pedidos de los senadores Sagasti y Fama a los efectos de que la Comisión de Asuntos Constitucionales lo resuelva por un dictamen.

 

El pronunciamiento de Jorge Capitanich reasienta la posición del bloque opositor frente a uno de los proyectos más controvertidos de la agenda legislativa. Al vincular la entrega de recursos naturales con las nuevas dinámicas tecnológicas globales, el legislador chaqueño dejó en claro que la discusión de la Ley de Tierras excede el mero marco inmobiliario: se trata de una disputa estructural por la soberanía nacional, el rol regulador del Estado y la protección del patrimonio productivo frente a los grandes capitales transnacionales.

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