Santiago y Caracas reabren la atención consular para encauzar trámites y cooperación regional

Chile y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones consulares para normalizar los trámites de sus ciudadanos y habilitar un canal de diálogo. El avance resulta clave para que la administración chilena pueda coordinar la repatriación de migrantes en situación irregular.

José Antonio Kast, Presidente de Chile. Foto NA

Firma del acuerdo bilateral y normalización de la asistencia oficial

Las delegaciones diplomáticas de Chile y Venezuela sellaron el acuerdo que permite reactivar la atención consular en ambas naciones, poniendo fin al distanciamiento político iniciado dos años atrás a raíz de las discrepancias sobre los procesos electorales en la capital caribeña. El entendimiento quedó formalizado tras el intercambio de documentos diplomáticos en territorio venezolano entre representantes de las respectivas cancillerías, marcando el reinicio de las gestiones institucionales.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del país austral destacaron que la medida busca garantizar la cobertura de servicios básicos a las comunidades de residentes en ambos territorios. La reapertura de los despachos operativos facilitará la tramitación de documentación de identidad y la reactivación de mecanismos de diálogo técnico sobre áreas de interés común para ambos gobiernos.

Regularización migratoria y contexto de las gestiones bilaterales

El entendimiento cobra especial relevancia para la administración conducida por José Antonio Kast, la cual contempla este canal diplomático como un elemento clave para coordinar la devolución de extranjeros que permanecen de forma irregular en suelo chileno. La falta de canales directos entre administraciones anteriores había bloqueado el envío de traslados aéreos para dar cumplimiento a las resoluciones administrativas pendientes en materia de extranjería.

El restablecimiento de las sedes operativas beneficiará a cientos de miles de ciudadanos radicados fuera de sus países de origen que sufrieron la interrupción de las gestiones legales tras el retiro de funcionarios en 2024. Con esta medida, las dependencias gubernamentales proyectan agilizar la resolución de expedientes y restablecer la comunicación institucional.

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