El máximo tribunal de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad del tope a las jubilaciones más elevadas de la provincia, mediante un fallo dividido de cuatro votos contra tres.
La decisión dejó sin efecto el artículo 9 de la Ley 14.283, impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, norma que fijaba un techo equivalente a 20 prestaciones mínimas —alrededor de 13 millones de pesos mensuales— para contener haberes que alcanzan los 18 millones de pesos.
La sentencia respondió al amparo presentado por Elena Ramón, ex-camarista penal. Los ministros Roberto Falistocco, Rubén Weder, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler argumentaron que el mecanismo vulnera la garantía de movilidad jubilatoria consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 24 de la Carta Magna provincial.
El fundamento central de la mayoría radicó en que la ley imponía una absorción de los futuros aumentos por tiempo indeterminado. Asimismo, los jueces remarcaron que el Estado provincial calcula los aportes en actividad sobre la totalidad del haber, sin aplicar un techo previo a las contribuciones, lo que quiebra la proporcionalidad del sistema previsional santafesino.
Una votación dividida y el desvío de la emergencia
En contraste, la Corte de Santa Fe desestimó la vía del amparo para debatir la declaración de emergencia previsional y el aporte solidario. En este punto, los ministros Margarita Zabalza, Daniel Erbetta y Jorge Baclini, acompañados por Falistocco, determinaron que resolver la validez de los artículos 1 y 2 requiere un proceso contencioso-administrativo con mayor amplitud de prueba y análisis financiero. La demandante dispondrá de 30 días para adecuar su reclamo ante dicho fuero.
El impacto fiscal directo del fallo alcanza a unas 50 personas pertenecientes a los sectores de mayores ingresos del Estado. No obstante, la Caja de Jubilaciones de Santa Fe arrastra un déficit previsional estimado en 400.000 millones de pesos anuales, donde la Caja del Poder Judicial representa cerca del 50% del rojo total.
Cuestionamientos éticos y apelación gubernamental
La resolución desató una inmediata reacción del Gobierno provincial. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, cuestionó que cuatro magistrados hayan fallado en favor de intereses que atañen al propio cuerpo. La Casa Gris apuntó de manera directa contra el ministro Eduardo Spuler, quien votó a favor de la inconstitucionalidad a pocas semanas de hacer efectiva su jubilación.
Desde la Secretaría de Seguridad Social confirmaron que apelarán ante la Corte Suprema de la Nación. El Ejecutivo busca poner de relieve la necesidad de que los jueces se abstengan de intervenir en causas que involucren un beneficio patrimonial directo sobre sus propias prestaciones.
El conflicto de poderes reabre un interrogante estructural sobre el sistema republicano. ¿Es sostenible éticamente que un tribunal resuelva sobre los límites financieros de sus propios haberes, aun cuando la norma legislativa vulnere garantías constitucionales de movilidad?