Perú confirmó la muerte de 11 connacionales y más de un centenar de desaparecidos tras enrolarse en tropas rusas. La Cancillería evacuó a varios jóvenes víctimas de reclutamiento engañoso y recordó que combatir para el extranjero exige autorización gubernamental.
El Estado peruano difundió un balance sobre la situación de sus ciudadanos involucrados en las acciones bélicas en territorio oriental. De acuerdo con los registros diplomáticos del país andino, un total de cuatrocientos cincuenta y nueve nacionales fueron incorporados a las filas armadas de Moscú, saldo que hasta el momento deja once víctimas mortales, más de un centenar de personas sin localizar y tres combatientes detenidos por las fuerzas armadas invasoras.
Ante este escenario, la Cancillería gestionó el regreso de cuatro jóvenes que lograron escapar del enrolamiento obligatorio tras haber sido engañados con promesas de empleo. Con este grupo, ascienden a cerca de una treintena los sudamericanos evacuados desde la zona de conflicto, mientras que un reducido número optó por permanecer en territorio europeo por cuenta propia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó a la población que integrarse a organismos militares extranjeros careciendo del aval expreso del Poder Ejecutivo constituye una falta a las normas constitucionales de la nación. A la par, el Gobierno alertó a la ciudadanía sobre las estratagemas utilizadas por grupos de captación que apelan a la vulnerabilidad económica mediante falsas propuestas laborales en el exterior.
Las autoridades peruanas instaron a las familias a formular las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público o los organismos policiales para frenar el accionar de los reclutadores. Para facilitar estas acciones de prevención, el consulado dispuso líneas telefónicas directas tanto en la capital limeña como en territorio ruso para atender casos de asistencia o rescate.
El Banco Central analiza autorizar a las entidades a prestar dólares ociosos de los encajes para reactivar el crédito y la actividad. La iniciativa busca dinamizar unos 7.000 millones de dólares, generando debate sobre eventuales riesgos del sistema.
El empresario procesado por las noventa muertes con fentanilo contaminado goza de beneficios exclusivos en el penal de Marcos Paz. Mientras dirige sus negocios desde prisión y busca dar clases, la justicia avanza sobre la complicidad de exfuncionarios.
Irán designó a Mohsen Rezaei como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Imputado por la justicia argentina por la voladura de la AMIA y con alerta roja de Interpol, el excomandante asumirá la gestión estratégica de la defensa persa.
Jorge Macri respaldó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y destacó la recuperación de 901 viviendas usurpadas en la Ciudad. Además, el jefe de Gobierno defendió el accionar policial frente a las protestas y la eliminación de piquetes.
La funcionaria judicial María Verónica Michelli continúa sin ser nombrada por el Ejecutivo, pese a contar con la aprobación del Senado. El Gobierno atribuye la demora a la falta de habilitación del tribunal, desatando cuestionamientos sobre arbitrariedad administrativa.
El fiscal Eduardo Taiano solicitó la indagatoria de más de 30 beneficiarios del “Vacunatorio VIP”, entre ellos Eduardo Duhalde y Horacio Verbitsky. Consideró que actuaron como partícipes necesarios en la malversación de dosis irregulares asignadas fuera del cronograma oficial.
El Tribunal N° 29 confirmó el inicio del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz en Villa Lugano. La justicia rechazó postergar el debate al acreditar que el músico posee aptitud mental para ser juzgado.
El triunfo de un candidato progresista en las primarias de Míchigan, pese a la millonaria campaña en su contra del lobby proisraelí AIPAC, expone el creciente rechazo hacia esta injerencia y el histórico debilitamiento de la alianza estadounidense con Tel Aviv.
