Los gremios docentes y no docentes cumplen un paro de 24 horas en las universidades nacionales denunciando el incumplimiento de acuerdos y fallos judiciales. Reclaman un incremento del 29,5% y fondos operativos, mientras el Gobierno tilda la medida de ilegítima.
El frente sindical universitario paraliza las casas de altos estudios en todo el territorio nacional mediante una medida de fuerza de 24 horas. La jornada de protesta denuncia el incumplimiento salarial y la falta de envío de partidas por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Puntos centrales del reclamo universitario:
Reajuste salarial: exigen un 29,5% de aumento para cumplir con la cautelar.
Presupuesto operativo: denuncian la falta de pago del 20% en gastos de funcionamiento.
Hospitales de salud: reclaman $50.000 millones congelados para los centros médicos.
Plan de lucha: anunciaron huelga de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
La medida es impulsada en primera instancia por la asociación Aduba y el gremio Apuba de la Universidad de Buenos Aires. A la protesta se sumaron las federaciones nacionales Fedun, Conadu, Fatun y UDA, anunciando un plan de lucha con carpas frente a la sede de Educación.
Los representantes de los trabajadores denuncian un triple incumplimiento gubernamental acumulado en los últimos meses. Argumentan que se desoyó la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y se violaron los acuerdos alcanzados con las autoridades del sector.
El centro de la controversia gira en torno al fallo judicial que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución obliga al Estado a reajustar las remuneraciones por inflación y actualizar la totalidad de los programas de becas estudiantiles.
Para cumplir con el mandato expedido por la Justicia, las erogaciones salariales deberían trepar un 29,5% acumulado. Ante la falta de avances, el Consejo Interuniversitario Nacional intimó al Gobierno a normalizar las transferencias en un plazo de cinco días hábiles.
Desde el Ministerio de Capital Humano calificaron la huelga como ilegítima y atribuible a motivaciones políticas. Fuentes oficiales sostienen que el pacto original quedó sin efecto al haber avanzado los reclamos cautelares en los tribunales federales.
Las autoridades gubernamentales remarcan que se otorgó un 21,33% en junio y se solicitó un crédito presupuestario. A través del Boletín Oficial, se requirieron 1,3 billones de pesos para atender las actualizaciones requeridas por la medida judicial.
Respecto a los hospitales universitarios, el Gobierno asegura girar las partidas presupuestarias correspondientes. Sin embargo, desde la UBA advierten que la falta de previsibilidad presupuestaria anual dificulta la gestión y planificación de los insumos asistenciales.
En la previa del cese de actividades, el dirigente Daniel Ricci criticó al Ejecutivo: “Estamos frente a un Gobierno que desconoce una ley vigente, castiga a las universidades y pretende naturalizar salarios de pobreza para quienes sostienen todos los días la educación pública”. La paritaria oficial fue convocada para el 1° de septiembre.
Por su parte, la dirigente de Conadu Clara Chevalier ratificó la continuidad de las acciones gremiales: “El segundo semestre comienza con medidas de fuerza y de protesta que se irán profundizando”. La comunidad educativa se movilizará también en defensa de los investigadores científicos.
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