El oficialismo avanzó en Diputados con el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal. La iniciativa excluye de los beneficios a funcionarios públicos de los últimos cinco años y suma rebajas de multas para pymes. Buscan aprobarla el 26 de agosto.
El oficialismo avanzó en Diputados con el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal. La iniciativa excluye de los beneficios a funcionarios públicos de los últimos cinco años y suma rebajas de multas para pymes. Buscan aprobarla el 26 de agosto.
La Libertad Avanza logró firmar el dictamen de mayoría para reformar el régimen de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados. Con el respaldo decisivo de bloques aliados, el bloque oficialista pretende votar la norma en el recinto el próximo 26 de agosto, buscando una aprobación parlamentaria acelerada.
Filtro ético: Excluyen de las exenciones impositivas a funcionarios públicos de los últimos cinco años.
Alivio a pymes: Establecen reducciones del 25% y 50% en las multas formales aplicadas por ARCA.
Sin topes: Eliminan los límites de ingresos y patrimonio para ingresar al sistema simplificado.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal reunió un total de 44 firmas favorables al proyecto. El consenso impulsado por los diputados oficialistas incorporó modificaciones sustanciales al texto original para evitar beneficiar a dirigentes políticos, respondiendo a cuestionamientos del arco parlamentario.
La principal modificación impide el acceso a las ventajas impositivas a quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad estatal en el último lustro. Aunque estos representantes podrán presentar sus declaraciones simplificadas, ARCA mantendrá la facultad de auditarlos exhaustivamente sin tolerar ningún margen de discrepancia.
La nueva versión normada mantiene la eliminación de las trabas económicas que fijaban topes de diez mil millones de pesos patrimoniales. De este modo, cualquier persona humana con residencia fiscal argentina podrá sumarse al sistema, siempre que no califique formalmente como Gran Contribuyente Nacional.
El texto consensuado incluye un esquema de alivio permanente para pequeñas y medianas empresas, aplicando una quita del 25% en sanciones formales. Asimismo, se contempla un descuento del 50% para multas previas no firmes, a condición de que el contribuyente regularice oportunamente las obligaciones pendientes.
El ajuste en la redacción pretende obturar lagunas legales polémicas que se suscitaron con la primera versión de la normativa. La iniciativa evita que exfuncionarios utilicen el régimen simplificado para blanquear bienes o justificar incrementos patrimoniales no declarados mientras enfrentan investigaciones en los tribunales federales.
Durante el plenario de comisiones, el titular de la UIF Matías Álvarez defendió la medida argumentando que el riesgo real radica en la informalidad económica. Según sostuvo el funcionario, incorporar fondos no registrados al circuito bancario permite someter ese capital al monitoreo efectivo de la legislación antilavado.
Además, el proyecto aclara que la adhesión al sistema funcionará como un antecedente favorable ante las entidades bancarias, aunque sin anular los controles. El organismo antilavado podrá seguir recibiendo reportes de operaciones sospechosas en caso de detectar movimientos inusuales por parte de los clientes.
Por el contrario, diputados opositores cuestionaron duramente la iniciativa, calificándola como un mecanismo de amnistía fiscal que premia al evasor. Desde bancadas de la izquierda y el kirchnerismo exigieron explicaciones sobre los cambios intempestivos respecto del borrador inicial presentado semanas atrás.
Con la firma del dictamen, el oficialismo confía en consolidar el respaldo de los bloques de Pro, UCR e Innovación Federal en la sesión clave. De conseguir la media sanción proyectada, el expediente pasará directamente al Senado para definir su promulgación definitiva antes de concluir el período legislativo.
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