La Administración Trump prohibió el uso de fondos de Medicaid y CHIP para tratamientos de transición de género en menores en Estados Unidos. La norma, publicada este martes, busca reducir el gasto federal y enfrentará demandas judiciales.
La Administración Trump prohibió el uso de fondos de Medicaid y CHIP para tratamientos de transición de género en menores en Estados Unidos. La norma, publicada este martes, busca reducir el gasto federal y enfrentará demandas judiciales.
El gobierno de Estados Unidos oficializó la prohibición del uso de fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) para financiar bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías de transición de género en menores de edad.
La disposición, que entrará en vigor el 13 de octubre, afecta la cobertura de programas que atienden a 35,5 millones de niños y adolescentes de bajos recursos en todo el país.
La reglamentación impide que Medicaid cubra estas intervenciones en menores de 18 años y extiende la restricción en el programa CHIP hasta los 18 años cumplidos. Según la normativa, los tratamientos psicológicos para disforia de género mantendrán la asistencia financiera estatal.
Para quienes ya reciben terapia hormonal, las autoridades fijaron un periodo de transición de seis meses que permitirá mantener la cobertura para el retiro gradual del medicamento hasta abril de 2027.
Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, sostuvo que la medida busca proteger a la infancia de procedimientos que consideran de beneficio no comprobado.
La decisión se basó en un informe del Departamento de Salud que prioriza la psicoterapia. En contraste, instituciones como la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Médica Estadounidense reiteraron su respaldo a la medicina afirmativa, argumentando que las decisiones deben quedar en el ámbito familiar y profesional.
El impacto financiero directo de la medida representa un ahorro proyectado por el gobierno de 138 millones de dólares en fondos federales a lo largo de una década. Esta cifra equivale al 0,002% del gasto total proyectado para ambos programas sanitarios.
Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que entre 2019 y 2023 el gasto en estos procedimientos fue de 100 millones de dólares, registrando una tasa de cirugías de 3,44 por cada 100.000 jóvenes de entre 15 y 17 años asegurados por Medicaid.
La normativa no prohíbe el ejercicio de la medicina de género en los estados donde es legal, pero elimina el respaldo financiero federal. Esta situación obliga a las familias o a los gobiernos regionales a asumir la totalidad de los costos. Al menos 14 estados y el Distrito de Columbia cuentan con legislaciones de protección para estos tratamientos, lo que genera un conflicto normativo directo sobre la distribución de recursos públicos.
Organizaciones de derechos civiles y fiscales generales de diversos estados anunciaron que impugnarán la resolución ante los tribunales. Los opositores argumentan que la administración excedió sus facultades al utilizar una cláusula de la ley de Medicaid de 1965 sobre los mejores intereses de los beneficiarios para fijar estándares médicos.
El debate se traslada ahora al terreno judicial y a las legislaturas locales, mientras los estados deben decidir si asumirán con fondos propios la cobertura médica de los menores afectados. ¿Hasta qué punto la regulación federal del gasto público puede redefinir los criterios de la atención sanitaria regional?
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