Senadores opositores exigieron citar a Diego Santilli y Luis Caputo para explicar el destino de los fondos viales. Denuncian una baja ejecución presupuestaria y el presunto uso de impuestos a los combustibles en operaciones financieras mientras las rutas continúan deterioradas.
La bancada senatorial de la oposición presentó un pedido de comparecencia dirigido al ministro coordinador, Diego Santilli, y al titular de la cartera económica, Luis Caputo, con el propósito de rendir cuentas sobre la administración de los tributos destinados a las carreteras federales. La iniciativa, encabezada por la legisladora rionegrina Ana Marks junto a miembros de su espacio, denuncia la falta de aplicación de las partidas presupuestarias para la reparación y desarrollo de los trazados terrestres del país.
El reclamo central gira en torno a la recaudación proveniente de los gravámenes aplicados al expendio de carburantes, cuyos montos deben emplearse por norma en el mantenimiento de los caminos. Según el texto ingresado a la Cámara Alta, de los montos acumulados por el fideicomiso del transporte durante los primeros meses del presente ejercicio, apenas una pequeña fracción fue volcada a trabajos efectivos en las arterias nacionales. Desde la bancada opositora se acusa a la administración central de canalizar dicho capital hacia instrumentos financieros especulativos en lugar de destinarlo a resolver el paulatino deterioro del pavimento.
La senadora patagónica remarcó que las arterias viales resultan vitales para el enlace territorial, el traslado de insumos productivos y el movimiento turístico en las provincias del sur del país. Argumentó que los usuarios continúan abonando los recargos impositivos correspondientes en cada carga de combustible, sin que esa erogación se traduzca en mejoras visibles en las calzadas o en la reanudación de los proyectos viales neutralizados.
En sus considerandos, el proyecto legislativo apela a las atribuciones institucionales del Congreso para fiscalizar a las autoridades del Gabinete nacional. El objetivo principal de la cita parlamentaria consiste en transparentar el flujo de la masa de fondos específicos y exigir la inmediata ejecución de los recursos asignados para garantizar la seguridad vial y el desarrollo de las comunidades del interior.
Un estudio reveló que los adultos mayores que caminan significativamente más rápido que sus pares tienen la mitad de probabilidades de sufrir deterioro cognitivo. La supermovilidad favorece la estructura cerebral y ralentiza problemas de memoria.
Un estudio de la Facultad de Psicología de la UBA revela que La Libertad Avanza ganaría la primera vuelta, pero Javier Milei y Axel Kicillof empatarían con el 41% en un eventual balotaje. Además, el 61% de los encuestados demanda un cambio político.
A tres días del devastador sismo de magnitud 7,4 en Colombia, las autoridades confirmaron 265 muertos y casi 500 desaparecidos. El rescate entra en una fase crítica, mientras ciudades como Pereira prohibieron el uso de vehículos particulares para agilizar la asistencia.
El INDEC publicará la inflación de julio y el mercado estima un piso del 2%. Tras perforar esa barrera en junio, la estacionalidad invernal y el aumento de los servicios presionarían al alza, alertando sobre un freno en la desinflación.
La Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados citó al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. La medida responde a denuncias de la cooperativa neuquina CALF sobre supuestas presiones y advertencias diplomáticas motivadas por sus vínculos comerciales con la firma china Huawei.
Havanna cerró el segundo trimestre con pérdidas por $747 millones y una caída de ventas del 9,7%. Pese a colocar más volumen en el semestre, la decisión de acotar subas de precios redujo sus ingresos reales y ganancias acumuladas.
Senadores opositores exigieron citar a Diego Santilli y Luis Caputo para explicar el destino de los fondos viales. Denuncian una baja ejecución presupuestaria y el presunto uso de impuestos a los combustibles en operaciones financieras mientras las rutas continúan deterioradas.
Un plan para producir 50.000 toneladas anuales de salmón en Malvinas desató fuertes divisiones en el archipiélago. Mientras los promotores destacan los beneficios económicos, grupos ambientalistas exigen un referéndum ante el temor por el impacto ecológico en la fauna marina.
