Tras declarar en el tribunal de Corrientes, el oficial de guardia del caso Loan admitió que analizaron celulares sin testigos y omitieron registros clave, exponiendo severas fallas en la custodia de pruebas durante las primeras horas.
Tras declarar en el tribunal de Corrientes, el oficial de guardia del caso Loan admitió que analizaron celulares sin testigos y omitieron registros clave, exponiendo severas fallas en la custodia de pruebas durante las primeras horas.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes sumó testimonios determinantes en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, el menor de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio.
Durante la reciente audiencia, las declaraciones de efectivos policiales dejaron en evidencia severas irregularidades en la recolección de evidencia y la cadena de custodia de elementos centrales de la causa.
El oficial subayudante Eduardo Rafael Torres, quien se desempeñaba como oficial de guardia en la Comisaría de 9 de Julio, prestó declaración durante casi cuatro horas. El efectivo de 34 años expuso ante los jueces marcadas inconsistencias sobre las decisiones tomadas bajo el mando del entonces comisario Walter Maciel.
Entre los puntos más críticos, Torres no pudo justificar la discrepancia entre su relato y los documentos oficiales: mientras afirmó haber llegado al campo a las 16:30, un acta incorporada al expediente consignó el arribo a las 17:10.
Paralelamente, el testigo admitió que el libro de guardia permaneció más de doce horas sin registrar novedades debido a que el encargado de la tarea fue derivado a los rastrillajes.
Torres también reconoció que la ropaje del niño permaneció en bolsas dentro de su oficina sin registro formal de secuestro y sembró dudas sobre la colocación de fajas de clausura en los vehículos del ex capitán de navío Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. Sus vacíos de memoria motivaron un apercibimiento del presidente del tribunal, Fermín Ceroleni.
A las inconsistencias procedimentales se sumó la declaración de la cabo primero Leslie Yuliana Rolón, integrante del área de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes.
La funcionaria confirmó que realizó la extracción de datos de tres teléfonos celulares secuestrados mediante software forense, pero admitió que el procedimiento se ejecutó sin la presencia de testigos y sin asentar el horario de la pericia en las actas correspondientes.
Por otra parte, la jornada incluyó la declaración de Raúl Alfredo Bocanegra, propietario del hotel donde permanecieron los menores que presenciaron la desaparición.
El testigo señaló a Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, por bloquear la visibilidad del establecimiento con tablones y cortinas. Soria, actualmente imputado por entorpecimiento judicial y usurpación de títulos, prestó declaración posteriormente para intentar despegarse de la Fundación Dupuy y defender su actuación en el caso.
El contraste entre los asientos documentales, los procedimientos informáticos sin testigos y las versiones contrapuestas de los funcionarios policiales plantea interrogantes sobre la validez procesal de las pruebas reunidas.
En ese sentido, el tribunal deberá determinar si estas deficiencias responden a negligencia operativa o a una estructura orientada a desviar el curso de la investigación.
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