La empresa controlada por Leonardo Scatturice intentó operar por última vez el 6 de agosto. En medio de un apagón digital y con miles de boletos vendidos sin respaldo, los pasajeros afectados no tienen dónde reclamar mientras la situación amenaza con ser catalogada oficialmente como “un problema entre privados”.
El jueves 6 de agosto marcó un punto de no retorno para la aerolínea low cost Flybondi. Tras registrar 14 cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales en esa única jornada, la compañía ingresó en una parálisis total operativa que ya acumula 13 días. A la falta de aviones en el aire se sumó, en las últimas horas, un apagón digital absoluto: la página web oficial fue desconectada y arroja un error 403, cortando así el único canal de comunicación que mantenían los usuarios que buscan reclamar por sus vuelos cancelados.
Detrás de la compañía se encuentra COC Global Enterprise, firma controlada por el empresario y exagente de inteligencia Leonardo Scatturice. El principal interrogante que sacude hoy al sector aerocomercial es cómo se le permitió a una empresa, que ya mostraba severos signos de atrasos y cancelaciones, continuar comercializando boletos. Las estimaciones indican que el volumen de estos pasajes “fantasmas”, vendidos a pasajeros que confiaban en una normalización del servicio, rondaría los 19 millones de dólares.
Frente a este escenario, la postura del Gobierno de Javier Milei y de las autoridades aeronáuticas ha sido de llamativa pasividad. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantuvo la habilitación técnica de la firma argumentando que formalmente no cuenta con “herramientas para una suspensión preventiva”. Esta inacción institucional fue la que permitió que la recaudación de la empresa continuara, pese a no contar con aeronaves disponibles y tener sus cuentas bancarias bloqueadas. Existe un fuerte temor entre los usuarios de que la crisis sea absorbida por el Ejecutivo bajo la misma lógica de “un problema entre privados”, expresión utilizada tanto por Milei como por Luis Caputo para referirse a los cuadros de endeudamiento de las familias con bancos o billeteras virtuales.
En el ámbito político, la falta de una respuesta oficial contundente ha alimentado suspicacias sobre una presunta protección. Estas versiones se apoyan en la cercanía de Scatturice con el Jefe de Estado, ya que el empresario ofició como uno de los organizadores de la agenda presidencial durante los múltiples viajes de Milei a los Estados Unidos.
Mientras tanto, el impacto social y laboral del colapso de Flybondi es devastador. Se calcula que unos 800 empleados permanecen en la incertidumbre, con la gran mayoría de sus salarios adeudados desde el mes de junio, y en algunos casos, desde mayo. Los trabajadores denuncian el incumplimiento total de los acuerdos de indemnización que habían sido homologados oportunamente, así como el corte total de los servicios de cobertura de obra social.
El asfixiante panorama financiero completa la tormenta perfecta. La Justicia trabó embargos sobre las cuentas de Flybondi por más de 1.500 millones de pesos, impulsados por organismos fiscales y de control aduanero. A esto se suman inminentes pedidos de quiebra por parte de acreedores. Proveedores esenciales como YPF han restringido el suministro de combustible exigiendo pagos anticipados, mientras que las empresas de leasing internacional ya le han retirado a la compañía varias de sus aeronaves en reclamo de alquileres impagos que ascienden a otros 25 millones de dólares.
Hoy por hoy, nadie en el mercado se aventura a pronosticar una salvación. Para los especialistas del sector comercial y judicial, a Flybondi solo la apertura urgente de un concurso preventivo de acreedores podría llegar a evitarle la quiebra definitiva|
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