El primer ministro de Perú, Luis Galarreta, presentó ante el Congreso su plan de gobierno enfocado en la mano dura contra la inseguridad, incluyendo cárceles de máxima seguridad y despliegue militar. Sin embargo, la propuesta surge en medio de fricciones en el Gabinete.
El jefe del gabinete ministerial de Perú, Luis Galarreta, encabezó la comitiva del Ejecutivo ante el Congreso bicameral para detallar las líneas prioritarias de la administración de Keiko Fujimori. La exposición incluyó un severo diagnóstico de la administración pública e institucional, cuestionando la lentitud del aparato estatal frente a las demandas de seguridad y cobertura de emergencias frente a la rapidez con la que se imponen cargas impositivas o administrativas a los ciudadanos.
La presentación del programa de gobierno aconteció en un clima de fricción interna en el equipo ministerial, tras contrapuntos públicos sobre la gestión de emergencias climáticas y debates sobre la adscripción de espacios de memoria histórica. Paralelamente, legisladores de la oposición criticaron la narrativa oficial del Gabinete y remarcaron la responsabilidad de las bancadas mayoritarias en la inestabilidad política que ha marcado los últimos años en el país.
El pilar central de la propuesta ministerial se concentró en el combate a la criminalidad. El Ejecutivo anunció la creación de recintos penitenciarios de máxima seguridad destinados a los perfiles de mayor peligrosidad, junto con la adaptación de infraestructuras militares en desuso mediante convenios para albergar a sancionados por delitos menores. Asimismo, la iniciativa prevé ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas operativas de apoyo presidio y vigilancia exterior.
Para acelerar la puesta en marcha de estas iniciativas, el Gabinete confirmó que formalizará un pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana ante el Congreso. Las medidas buscan dar respuesta a la escalada de homicidios y extorsiones que afectan al transporte y a los comercios, de cara a las medidas de protesta convocadas por gremios del sector productivo.
Por decisión unánime del Concejo Municipal, la capital provincial rebautizará su emblemática Costanera Este en honor al capitán de la Selección Argentina. El paseo abarcará 1.500 metros junto a la Laguna Setúbal y el proyecto contempla sumar un homenaje a su padre, Jorge Messi.
El Xeneize busca consolidar su posición en los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. Con la mirada puesta en la revancha de la Copa Sudamericana, el DT Rodolfo Arruabarrena dispondrá un equipo alternativo frente al conjunto santiagueño.
Un fallo de la Justicia federal determinó que el hombre de 58 años deberá limpiar en un plazo de 90 días el grafiti que realizó en Valle Encantado. Además, el acuerdo de reparación integral contempla la restauración de otras once pintadas registradas en la zona.
A 25 años de los atentados a las Torres Gemelas, Estados Unidos redefinió su estrategia de seguridad y la lucha antiterrorista. El enfoque en Medio Oriente y América Latina favoreció el ascenso de China y reconfiguró la geopolítica global.
Tras meses de planificación para encabezar un foro de inversiones y dar una conferencia en la Universidad de Oxford, el Presidente debió suspender su gira a Londres. La presión social por la causa Malvinas y los recientes giros diplomáticos forzaron la cancelación definitiva.
Varias entidades financieras recortaron los costos de sus líneas de financiamiento, estableciendo un techo de referencia de UVA + 7,5% impulsado por las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Algunas entidades ya ofrecen tasas preferenciales desde el 6,5%.
Tras el 1,7% registrado en agosto, los analistas estiman que la inflación de septiembre se ubicará entre el 1,8% y el 1,9%. El impulso en el precio de los alimentos ejerce presión sobre el índice general, mientras el Ejecutivo aplica medidas de contención en tarifas y combustibles.
Provincias del Norte Grande reclamaron en La Rioja una ley del Congreso para fijar una tarifa eléctrica especial de verano. Los representantes regionales buscan estabilidad legal frente a subas tarifarias, aunque el debate genera resistencias con otras provincias.
