El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó operativos policiales inmediatos para deportar a migrantes en situación irregular o vinculados a delitos. La medida marca un severo cambio respecto a la histórica política de acogida del país.
El Gobierno colombiano instruyó la puesta en marcha inmediata de dispositivos de seguridad conjuntos entre la Fuerza Pública y los organismos de control migratorio para ubicar y expulsar del territorio a ciudadanos extranjeros que permanezcan de forma no reglamentada o que incurran en contravenciones penales. La disposición marca una ruptura con la estrategia de acogida y regularización masiva instrumentada durante el último decenio por las administraciones precedentes frente al flujo de la población venezolana.
Las acciones territoriales priorizarán la detección de personas vinculadas a hechos delictivos para su posterior trasladado fuera de las fronteras nacionales. De acuerdo con datos oficiales de la autoridad migratoria, la medida impactará directamente sobre la población que no ha completado los esquemas de formalización administrativa, en un contexto donde el país alberga a la mayor comunidad de desplazados del país vecino en la región.
La iniciativa gubernamental suscitó cuestionamientos por parte de observadores académicos y sectores parlamentarios, quienes advirtieron sobre los riesgos de vincular el estatus administrativo irregular con la comisión de delitos. Desde diversos espacios legislativos remarcaron que este tipo de abordajes puede intensificar conductas de estigmatización y afectar la integración económica de la población migrante, la cual aporta sustanciales recursos a la dinámica comercial interna mediante el consumo y el pago de tributos.
Asimismo, especialistas en relaciones internacionales señalaron que la aplicación de deportaciones masivas presenta severos desafíos logísticos debido a la extensa frontera compartida de más de dos mil kilómetros y la complejidad de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. Los críticos del plan insistieron en que la vía punitiva dista de resolver los problemas de seguridad urbana y contraviene las recomendaciones de organismos multilaterales sobre la protección de derechos de los refugiados.
Aeroparque cerró temporalmente por tareas de mantenimiento en su pista, trasladando temporalmente sus vuelos de cabotaje e internacionales a Ezeiza. La medida forma parte de un plan integral de obras de infraestructura y modernización tecnológica superior a los u$s85 millones.
El gobierno de Estados Unidos prevé cancelar masivamente las visas de turismo y negocios a unas 200.000 personas que solicitaron asilo. La medida se suma a mayores restricciones migratorias y a aranceles para la contratación de profesionales extranjeros.
La exdirectora de la ANMAT, Agustina Bisio, declaró en la justicia federal por el fentanilo contaminado que causó decenas de muertes. Deslindó responsabilidades al ministro de Salud, argumentando que la supervisión técnica dependía directamente del área operada por su subordinada.
La producción de petróleo en Neuquén alcanzó un máximo histórico de 658.639 barriles diarios en julio, impulsada por Vaca Muerta. El avance del crudo no convencional consolida el superávit energético provincial y proyecta un fuerte crecimiento exportador.
Un tribunal ordenó la cotización de cuatro pingüinos en 40.000 dólares para saldar las deudas de un acuario marplatense clausurado. Con los ingresos del parque interrumpidos, buscan financiar el mantenimiento y los sueldos del personal restante.
Un informe sobre el sistema financiero reveló que los bancos tradicionales concentran la mayor cantidad del dinero adeudado. En paralelo, se detectó un preocupante incremento en los niveles de morosidad entre los jóvenes de 18 a 25 años.
ARCA extendió hasta el 22 de septiembre de 2026 el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de 2025. Además, postergó para el 24 de septiembre el pago del primer anticipo correspondiente al período 2026.
La diputada Victoria Tolosa Paz instó a definir la conducción del Partido Justicialista a través de las urnas. Además, defendió las primarias abiertas y criticó duramente la gestión económica y la falta de contención social del Gobierno nacional.
