El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó operativos policiales inmediatos para deportar a migrantes en situación irregular o vinculados a delitos. La medida marca un severo cambio respecto a la histórica política de acogida del país.
El Gobierno colombiano instruyó la puesta en marcha inmediata de dispositivos de seguridad conjuntos entre la Fuerza Pública y los organismos de control migratorio para ubicar y expulsar del territorio a ciudadanos extranjeros que permanezcan de forma no reglamentada o que incurran en contravenciones penales. La disposición marca una ruptura con la estrategia de acogida y regularización masiva instrumentada durante el último decenio por las administraciones precedentes frente al flujo de la población venezolana.
Las acciones territoriales priorizarán la detección de personas vinculadas a hechos delictivos para su posterior trasladado fuera de las fronteras nacionales. De acuerdo con datos oficiales de la autoridad migratoria, la medida impactará directamente sobre la población que no ha completado los esquemas de formalización administrativa, en un contexto donde el país alberga a la mayor comunidad de desplazados del país vecino en la región.
La iniciativa gubernamental suscitó cuestionamientos por parte de observadores académicos y sectores parlamentarios, quienes advirtieron sobre los riesgos de vincular el estatus administrativo irregular con la comisión de delitos. Desde diversos espacios legislativos remarcaron que este tipo de abordajes puede intensificar conductas de estigmatización y afectar la integración económica de la población migrante, la cual aporta sustanciales recursos a la dinámica comercial interna mediante el consumo y el pago de tributos.
Asimismo, especialistas en relaciones internacionales señalaron que la aplicación de deportaciones masivas presenta severos desafíos logísticos debido a la extensa frontera compartida de más de dos mil kilómetros y la complejidad de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. Los críticos del plan insistieron en que la vía punitiva dista de resolver los problemas de seguridad urbana y contraviene las recomendaciones de organismos multilaterales sobre la protección de derechos de los refugiados.
Tras bajar de un auto, un hombre mató a balazos a una mujer de 35 años el domingo en Allen, Río Negro. El agresor permanece prófugo mientras peritos analizan una discusión previa por bebidas al fiado.
Ante el desabastecimiento crítico por meses de asedio, Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego en Oleshki hasta el 1 de noviembre para permitir el ingreso de asistencia básica y coordinar la evacuación de civiles atrapados.
Fernando Jorge Shedden, histórico chofer de Moria Casán, murió este martes a los 55 años en Mar del Plata. La conductora confirmó el deceso al aire tras complicaciones derivadas de un cáncer de próstata.
Más de 300 soldados norteamericanos llegaron al Fuerte Militar de Tolemaida para el ejercicio Vanguardia del Sur 2026, enfocado en narcotráfico, drones y evacuaciones médicas, en medio de tensiones legislativas sobre la autorización previa del Senado.
Condenaron a cuatro años y medio de prisión a Diego Zerda por empujar al suicidio a su expareja en Tucumán. La Justicia probó que manipuló la vulnerabilidad de la víctima mediante mensajes y amenazas constantes.
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Tras ser vinculada con Pablo Migliore en redes sociales, Josefina Ansa desmintió el romance en el programa SQP. La conductora exigió disculpas públicas a Nora Colosimo por difundir versiones falsas que afectaron la tranquilidad de su familia.
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