La Corte Suprema ordenó crear un protocolo médico para evaluar la salud de los presos y la capacidad de los penales para tratarlos. La medida podría beneficiar a los 76 represores de la dictadura que aún permanecen encarcelados.
La Corte Suprema ordenó crear un protocolo médico para evaluar la salud de los presos y la capacidad de los penales para tratarlos. La medida podría beneficiar a los 76 represores de la dictadura que aún permanecen encarcelados.
Los tres integrantes del máximo órgano judicial del país dictaron la Acordada 21/2026, mediante la cual encargaron la confección de un instructivo sanitario integral al equipo pericial de la institución. El objetivo de la normativa radica en analizar con precisión los diagnósticos de los internos y ponderar la viabilidad de que reciban asistencia terapéutica adecuada dentro de las dependencias donde cumplen condena.
Esta resolución responde a reclamos planteados por agrupaciones que reúnen a allegados de procesados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El universo alcanzado por la medida resulta acotado, dado que las planillas oficiales reflejan que únicamente el 15% de ese colectivo permanece en establecimientos carcelarios —principalmente en el predio de Campo de Mayo—, mientras que el porcentaje restante cuenta con detención domiciliaria.
El dictamen dispone un lapso de un mes para la presentación del trabajo técnico, el cual será remitido a los magistrados del fuero penal, a los organismos de seguimiento de ejecución de penas y a la administración central. La pauta exigirá exámenes detallados sobre las patologías de los reclusos y la verificación directa de la infraestructura médica con la que cuentan los penales.
Mientras los sectores que respaldan a los exefectivos celebraron la iniciativa apelando a garantías humanitarias, fuentes de los tribunales federales expresaron fuertes críticas al interpretar que el mecanismo podría facilitar una masiva concesión de prisiones domiciliarias o la pronta salida de prisión de los condenados.
Gerardo Martínez, de la UOCRA, dijo que el Santo Padre se encontrará con una “Argentina triste” cuando venga en noviembre.
La compañía del grupo Pérez Companc diversifica su negocio de consumo masivo con una moderna instalación que potenciará su presencia en el mercado nacional y de exportación.
“Fueron a pedirle ayuda a Trump”, denunció el mandatario en plena campaña electoral.
Tras resurgir las versiones de infidelidad, el actor rompió el silencio, confirmó el momento actual de su familia y aclaró la verdad sobre su distanciamiento de Nicolás Vázquez.
El “Millonario” sigue sin perder puntos desde que Leo Ponzio está en la dirección técnica.
Con la meta de alcanzar las 24.000 toneladas certificadas en 2026, la Asociación Argentina de Angus exhibirá su potencial ganadero en una exposición clave para el sector.
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Con la premisa de la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno destinará más de $300.000 millones para la construcción y puesta en marcha de la Base Naval Integrada que se realizará en Ushuaia, Tierra del Fuego. El monto total se detallará en el Presupuesto 2027 que girará el Ejecutivo hacia el Congreso Nacional, buscando su aprobación para poder blindar los gastos en todas las partidas …
