La OIT planea recortar 120 empleos para ahorrar 22 millones de euros por la deuda de 280 millones que mantiene Estados Unidos. El plan enfrenta el rechazo sindical, que cuestiona la potestad legal del consejo para autorizar los despidos.
La OIT planea recortar 120 empleos para ahorrar 22 millones de euros por la deuda de 280 millones que mantiene Estados Unidos. El plan enfrenta el rechazo sindical, que cuestiona la potestad legal del consejo para autorizar los despidos.

El titular de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert F. Houngbo, requirió el aval de las autoridades del organismo para implementar un plan de austeridad que contempla la supresión de 120 empleos, buscando amortiguar un desfase de caja estimado en 22 millones de euros. La asfixia presupuestaria de la entidad responde principalmente al incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de Washington, cuya deuda acumulada asciende a cerca de 280 millones de euros, representando la gran mayoría de los saldos pendientes de pago de los Estados miembros.
El trámite prevé la baja de más de setenta cargos de planta permanente dentro de un plantel global compuesto por 1.670 agentes, además de la cancelación de posiciones temporarias y la suspensión de nuevas incorporaciones hasta finales de 2027. La evaluación formal de este recorte presupuestario encabeza la agenda del encuentro del órgano directivo fijado para los primeros días de septiembre en la ciudad de Ginebra.
La iniciativa generó un inmediato rechazo por parte de la asociación de trabajadores del organismo multilateral, la cual argumenta que el cuerpo directivo carece de facultades estatutarias para autorizar el cese de personal con estabilidad asignada. Desde la postura gremial sostienen que una medida de esa índole requiere indispensablemente la intervención de la Conferencia Internacional del Trabajo, máximo ámbito deliberativo que reúne a la totalidad de las delegaciones de los países miembros.
A pesar de los cuestionamientos legales, la conducción de la OIT insiste en que la autoridad ejecutiva está capacitada para disponer reducciones dentro del paquete de emergencia diseñado para el ciclo operativo vigente. El escenario se torna complejo mientras la cúpula técnica explora vías diplomáticas con la administración norteamericana para destrabar los giros de fondos, contemplando al mismo tiempo una estructura operativa permanentemente reducida frente al desfinanciamiento.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Portugal reconsiderar los recortes a la legislación de identidad de género, alertando que la iniciativa reintroduce la patologización médica sobre la población trans.
Un estudio histopatológico determinó que Ángela Álvarez sufrió una muerte violenta por sofocación. Cuatro hombres quedaron imputados por robo seguido de muerte.
Durante la grabación del programa de Mario Pergolini en eltrece, Eugenia Suárez habría destruido un retrato de Martín Cirio ubicado en su camarín, según reveló Marina Calabró tras detallar viejos enfrentamientos entre ambas figuras.
Antes de su remate el 9 de diciembre en Nueva York, el vestido de seda que Diana de Gales inmortalizó en 1994 será exhibido globalmente por Sotheby’s, con una estimación de hasta 300 mil dólares.
En un reconocimiento inédito para el automovilismo nacional, la Legislatura porteña declaró de Interés Deportivo al TC2000. La iniciativa destaca más de cuatro décadas de trayectoria e innovación tecnológica vinculadas a las calles y autódromos de la Ciudad.
Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera con una alineación alternativa, impulsado por dos goles de Ángel Romero y el estreno goleador de Enner Valencia, a días del cruce decisivo por Copa Sudamericana.
La Justicia de San Juan abrió una investigación de oficio tras el hallazgo de un escrito en un sanitario de la Escuela Carlos María de Alvear, en Rawson. La inscripción, borrada poco después por directivas educativas, alertaba sobre un presunto abuso intrafamiliar.
Diputados británicos votaron contra el proyecto de ley para autorizar la muerte asistida en pacientes terminales, frenando un histórico cambio legislativo tras un tenso debate centrado en las garantías médicas y los cuidados paliativos.