La diplomacia comercial de Estados Unidos volvió a demostrar que las prioridades económicas suelen imponerse por sobre las afinidades políticas. El gobierno de Donald Trump formalizó la apertura de una mega cuota de importación de carne vacuna por 300.000 toneladas libres de aranceles por un plazo de 90 días, una medida orientada a incrementar la oferta interna y contener la inflación en los mostradores norteamericanos. Sin embargo, la decisión dejó fuera a la Argentina e inclinó la balanza en favor de Brasil, cuyo principal motor ganadero pasó a convertirse en el gran beneficiario del beneficio tarifario.
Aunque desde la administración norteamericana se argumentó que la Argentina ya dispone de un cupo anual fijo de 20.000 toneladas, el movimiento de la Casa Blanca expone un matiz central: el alineamiento geopolítico incondicional de la gestión de Javier Milei no tradujo beneficios comerciales automáticos. Frente a la urgencia de abastecimiento, Washington optó por la capacidad instalada y el volumen de respuesta de los frigoríficos brasileños, aun cuando la nación vecina esté gobernada por Luiz Inácio Lula da Silva, un mandatario ubicado en el espectro político opuesto al republicano.
Alarma ganadera y el contraste en los estándares de trazabilidad
La resolución generó un inmediato estado de alerta entre los productores y exportadores locales, que ven cómo la Asociación de Frigoríficos de Brasil (Abrafrigo) celebra una oportunidad clave para posicionar la carne verdeamarilla en el norte del continente justo cuando sus envíos a China alcanzaron techos operativos. Más allá de la competencia por volumen, el sector agropecuario argentino observa con preocupación la brecha que comienza a abrirse en materia de estatus sanitario.
Mientras Brasil puso en marcha un ambicioso Plan Nacional de Identificación Individual de Bovinos con la meta de consolidar para 2032 el sistema de trazabilidad más avanzado del planeta, la Argentina atraviesa un proceso de desregulación conducido por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger. Las reformas al esquema de vacunación contra la fiebre aftosa y los cambios operativos en el Senasa ya desataron reparos formales por parte de entidades de la Mesa de Enlace y sociedades rurales provinciales, que advierten sobre los riesgos de debilitar los controles de inocuidad.
Episodios recientes bajo la lupa de los mercados internacionales
Las prevenciones del mercado no son abstractas. En los últimos meses, el complejo cárnico nacional debió sortear luces amarillas en sus principales destinos de exportación. En marzo, China rechazó un embarque tras detectar la supuesta presencia de un antibiótico no permitido en el comercio internacional. Meses más tarde, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) retiró de circulación 13,4 toneladas de carne argentina por inconsistencias administrativas en el proceso de distribución de la firma importadora.
Si bien el Gobierno nacional atribuyó este último incidente a un desfasaje formal entre privados, la sucesión de eventos encendió las alarmas sobre los requerimientos de inspección que exigen las potencias compradoras. En un escenario donde el mercado estadounidense decidió sumar también a proveedores de Paraguay, Irlanda, Países Bajos y Japón para su nuevo cupo, la Argentina enfrenta el desafío de proteger sus credenciales sanitarias para evitar perder terreno frente a competidores regionales que avanzan con normativas de control cada vez más estrictas.