Prohíben la venta de los juguetes “squishy” por riesgo de sustancias tóxicas

El Gobierno prohibió la importación y venta de juguetes blandos “squishy” por riesgo de contener sustancias tóxicas como benceno o ftalatos. Las autoridades ordenaron la destrucción del stock existente y sancionarán a los comercios que incumplan la medida.

dumpling squishy. Foto: Freepik

Disposición oficial y alcance de las restricciones comerciales

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial oficializó la veda nacional sobre la elaboración, el ingreso al país y la distribución de artículos infantiles elásticos de contextura blanda conocidos en el mercado como “squishy”. Mediante la Disposición 690/2026, la autoridad regulatoria bloqueó la oferta de estos muñecos con aspecto de dumpling o empanadillas orientales, argumentando el peligro inminente que representan para la población infantil debido a la eventual incorporación de solventes nocivos, compuestos mutagénicos y elementos derivados del benceno que exceden los topes permitidos.

Las alarmas se encendieron a partir de advertencias presentadas por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y reportes de seguridad procedentes del Reino Unido. La normativa exige la eliminación inmediata y segura de las existencias en depósitos o locales de venta, otorgando además un margen de tres días a las plataformas virtuales de comercio para notificar públicamente la quita de estos objetos de sus catálogos.

Excepciones técnicas y régimen de penalizaciones

El instrumento legal estipula salvedades para aquellos distribuidores que exhiban las certificaciones de laboratorio oportunas y las declaraciones juradas que demuestren la inocuidad de las materias primas utilizadas. De no contar con dicha documentación técnica debidamente avalada ante la Dirección General de Aduanas, el ingreso de la mercadería al circuito comercial quedará suspendido.

Quienes contravengan la medida quedarán expuestos a los esquemas sancionatorios establecidos en el marco regulatorio del comercio interior, que contempla multas pecuniarias e infracciones administrativas para fabricantes e intermediarios que incumplan las pautas de resguardo sanitario.

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