El Gobierno fijó por decreto el salario mínimo hasta abril de 2027

El Gobierno nacional oficializó los nuevos montos del Salario Mínimo, Vital y Móvil tras el fracaso del Consejo del Salario. La pauta fija subas mensuales escalonadas que parten desde los $383.800 en septiembre hasta alcanzar $437.000 en abril.

Baja de intereses del plazo fijo
Foto: Web.

Intervención estatal y cronograma de actualización mensual

Ante la falta de coincidencias entre la representación gremial y las cámaras patronales, el Ministerio de Trabajo dictó el esquema de ingresos mínimos garantizados. La disposición gubernamental determinó que el haber básico mensual parta de $383.800 en el noveno mes del año para concluir en $437.000 al término del primer cuatrimestre del período entrante. Para el personal sujeto al pago por jornada, la hora inicial quedó fijada en $1.919, evolucionando hasta ubicarse en $2.185 al cierre de la escala prevista.

El calendario de ajustes contempla incrementos continuos para los próximos meses: durante el tramo final del presente año, el haber tope se fijó en $391.200 para el décimo mes ($1.956 por hora), $398.800 en el undécimo ($1.994 por hora) y $406.400 en el mes de cierre ($2.032 por hora). Al comenzar el ejercicio siguiente, los valores ascenderán a $414.200 en el primer mes ($2.071 por hora), $422.000 en el segundo ($2.110 por hora), $429.600 en el tercero ($2.148 por hora) y los mencionados $437.000 para el cuarto mes ($2.185 por hora). El ordenamiento excluye los complementos familiares y dispone el cálculo proporcional para modalidades parciales.

Impacto en la protección social y fracaso del diálogo tripartito

El instrumento normativo también adecuó las referencias para las coberturas por cese laboral, las cuales equivaldrán a las tres cuartas partes de la remuneración habitual previa más elevada. Para este beneficio se establecieron topes regulatorios, impidiendo que la cifra resulte inferior a la mitad del ingreso mínimo fijado ($191.900 al comienzo del esquema) ni sobrepase el cien por ciento del mismo ($383.800 inicialmente).

La determinación unilateral por parte del Poder Ejecutivo se produjo tras la interrupción del plenario del Consejo de la Producción y el Empleo, donde las centrales sindicales se retiraron del debate. La dirigencia obrera pretendía elevar el piso salarial a $911.000 en el período invernal y a $993.000 hacia el cierre del año basándose en el costo de la canasta familiar, mientras que la oferta corporativa planteaba subas progresivas que alcanzaran $468.000 para el próximo ciclo. Sin puntos de contacto entre las pretensiones de ambas partes, el área laboral dio por finalizadas las deliberaciones dictando la pauta por vía administrativa.

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