Managua rechazó las críticas regionales por la reforma constitucional de Ortega

Nicaragua rechazó las críticas de Guatemala, Costa Rica y Perú tras aprobar una reforma constitucional que amplía el mandato de Daniel Ortega y prohíbe la participación opositora. Países de la región y opositores exiliados exigieron sanciones y acciones en la OEA.

Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua

Reacciones en cadena del bloque regional ante el proyecto de perpetuación ejecutiva

Las carteras de Relaciones Exteriores de Guatemala, Costa Rica y Perú manifestaron su enérgico repudio frente a la iniciativa legislativa impulsada en el parlamento nicaragüense, la cual proyecta extender el período de gobierno a siete años y vetar la participación de la oposición bajo el rótulo de traición a la patria. A través de comunicados independientes, las cancillerías denunciaron la supresión de la alternancia republicana y el quebrantamiento de las garantías políticas fundamentales, promoviendo acciones coordinadas ante la Organización de los Estados Americanos para impedir la consolidación de un esquema autocrático.

Frente a la presión internacional, el Ministerio de Exteriores nicaragüense desestimó de manera tajante los cuestionamientos formulados por los ejecutivos de la región. La representación oficial de la nación centroamericana apeló al principio de libre autodeterminación y catalogó los señalamientos externos como injerencias inaceptables sobre la soberanía interna.

Exigencia de medidas punitivas por parte del arco opositor exiliado

En paralelo a la escalada institucional, agrupaciones civiles y referentes políticos forzados al destierro solicitaron a los organismos continentales trascender los pronunciamientos formales para aplicar restricciones financieras e interrupciones en los vínculos diplomáticos. Las organizaciones disidentes enfatizan la urgencia de ahogar económicamente al grupo gobernante e imponer condiciones efectivas para la restitución del voto observador en el territorio.

Las modificaciones al texto constitucional, orientadas a afianzar el mandato conyugal de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron ratificadas durante el primer tramo parlamentario. El avance de esta reforma se concreta poco tiempo después de que el propio mandatario manifestara abiertamente el fin de los procesos electorales tradicionales en el país.

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