Tras la primera licitación del Banco Central, trece entidades financieras recibieron $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Los recursos se destinarán a líneas hipotecarias para primera vivienda a un plazo mínimo de 15 años.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adjudicó hoy $200.000 millones a trece entidades financieras en la primera licitación de depósitos a plazo fijo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Anses. La compulsa oficial recibió 42 ofertas provenientes de 18 bancos por un total de $258.640 millones, lo que dejó fuera de la asignación a cinco entidades participantes.
La operación representó el primer tramo de un plan anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo, proyectado en $2 billones mediante diez subastas consecutivas.
El objetivo central de la medida apuntó a corregir el descalce estructural del sistema crediticio, donde el 75% de los depósitos privados permanece colocado a menos de 60 días, obstaculizando el financiamiento para la vivienda a 15 o 20 años.
Durante la subasta, las entidades financieras compitieron ofreciendo tasas que superaron los pisos fijados por la autoridad monetaria. El 82% de los recursos captados se concentró en el tramo a cinco años, por un monto de $164.429 millones a una tasa promedio ponderada de UVA más 4,94%. Por su parte, el tramo a un año de plazo sumó $35.570 millones a una tasa de UVA más 2,67%.
Los bancos adjudicatarios dispusieron de un plazo de 90 días corridos, con fecha límite al 1° de diciembre, para transformar estos fondos en préstamos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.
Según las normativas establecidas, los créditos deberán otorgarse a un plazo mínimo de 15 años, con un monto máximo por operación de 150.000 UVA —equivalentes a unos US$200.000— y una tasa de interés máxima delimitada en UVA más 7,50% anual.
Previo a esta adjudicación, entidades como Banco Macro, Banco Credicoop, BBVA y Banco Ciudad recortaron sus tasas de referencia para adecuar la oferta crediticia a los parámetros del Gobierno.
Las estimaciones oficiales proyectaron que el conjunto del programa podría generar entre 17.000 y 18.000 operaciones hipotecarias, buscando revertir la retracción del sector inmobiliario, que tras registrar 44.000 créditos en 2025 preveía una caída del 34% para 2026.
Los cálculos del sector público previeron para un préstamo promedio de $114 millones una cuota mensual estimada en $865.000, requerimiento que exigirá un nivel de ingresos familiares cercano a $3.460.000. Representantes del sector bancario estimaron que la disponibilidad efectiva de estas líneas se consolidará entre octubre y noviembre.
El inicio de las licitaciones del FGS marca un intento por canalizar el ahorro público hacia la reactivación del crédito inmobiliario. Queda por ver si el techo de ingresos requeridos y la volatilidad macroeconómica permitirán que estas líneas alcancen a la clase media o si el acceso continuará restringido a los sectores de mayor capacidad de pago.
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