El Poder Ejecutivo evalúa ampliar el alcance de las sanciones dentro de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La intención oficial es incluir el combate a la pesca ilegal en las Islas Malvinas dentro del esquema punitivo estatal.
Clave del proyecto: Quienes colaboren con empresas no autorizadas no podrán contratar con el Estado ni con privados.
Esta decisión busca expandir los criterios de la Ley Pino Solanas (26.659), sancionada en 2011. Dicha norma exige autorización del Estado argentino para la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.
El reclamo cobró impulso tras las presentaciones de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera. La entidad exige sancionar los permisos pesqueros ilegales que el Reino Unido otorga desde hace décadas en la zona.
Revisión de la norma y estrategia parlamentaria
El borrador de la iniciativa legislativa se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy. El Gobierno proyecta enviar el texto al Congreso el próximo lunes.
La estrategia trazada por el asesor Santiago Caputo prevé ingresar la propuesta por la Cámara de Diputados. El oficialismo considera que allí cuenta con mejores alianzas estratégicas para lograr la sanción.
En paralelo, la Cancillería ya formuló denuncias contra 60 empresas multinacionales vinculadas a tareas hidrocarburíferas. La acción se coordinó junto a la Procuración del Tesoro de la Nación.
Inhabilitaciones comerciales y seguridad nacional
Durante la inauguración del Museo de Granaderos, el presidente Javier Milei anticipó el endurecimiento sancionatorio. El mandatario remarcó que las firmas prestadoras de servicios a petroleras ilegales sufrirán severas restricciones comerciales.
La nueva normativa contempla además la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo pensado para fortalecer la defensa. Esta herramienta buscará potenciar la capacidad operativa del Ejército en el Atlántico Sur.
Diversos bloques de la oposición peronista acompañan la intención de revisar la Ley Federal de Pesca. El objetivo común es consolidar un frente legislativo unificado que resguarde los recursos marinos del país.
