Ante la apelación de la defensa, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este lunes los embargos preventivos sobre bienes de Los Sauces y Hotesur, incluido el departamento porteño donde Cristina Kirchner cumple condena, para resguardar fondos del decomiso por Vialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó un recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Kirchner y confirmó los embargos preventivos sobre diversos bienes inmuebles.
La medida judicial abarca el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la expresidenta de la Nación cumple la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
El fallo de la Sala IV del máximo tribunal penal, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, se dio en el marco del proceso de ejecución patrimonial que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2.
En esa manera, la Justicia busca resguardar activos para hacer efectivo un decomiso actualizado en $684.990.350.139,86, monto destinado a reparar el perjuicio ocasionado al Estado por la adjudicación irregular de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
La medida cautelar dictada el 11 de agosto de 2025 recae sobre propiedades registradas a nombre de las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., cuyos accionistas actuales son Máximo y Florencia Kirchner. Entre los activos se encuentran la residencia de la exmandataria, inmuebles en Puerto Madero y distintas propiedades radicadas en el sur del país.
El abogado defensor Carlos Beraldi argumentó que las propiedades no constituyen producto ni provecho del delito investigado en el caso Vialidad. Asimismo, la defensa sostuvo que la medida cautelar resulta equiparable a una sentencia definitiva, dado que podría derivar en la pérdida de la vivienda habitual de la imputada.
Sin embargo, los magistrados de la Sala IV descartaron los planteos de la representación legal. Los jueces precisaron que los embargos preventivos poseen un carácter estrictamente provisional y patrimonial, por lo que no configuran una sentencia definitiva.
En ese sentido, el tribunal determinó que el eventual daño sobre la situación habitacional de la exmandataria representa un escenario hipotético, debido a que el decomiso final de los bienes aún no fue resuelto por el tribunal oral.
Paralelamente, el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó un pedido interpuesto por Máximo y Florencia Kirchner que pretendía paralizar la tramitación de esta segunda tanda de embargos.
La representación técnica de los accionistas solicitó esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la primera nómina de 111 bienes con orden de decomiso. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso señalaron que la ejecución de una pena firme no se suspende por la presentación de recursos de queja.
El proceso de identificación de activos continuará con las tasaciones correspondientes sobre las sociedades familiares antes de resolver la ejecución definitiva.
Frente a un escenario donde la ejecución penal avanza sobre estructuras patrimoniales complejas, cabe preguntarse cuál será el límite jurídico entre la garantía de resguardo del Estado y la protección de los derechos de terceros accionistas.
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Ante la apelación de la defensa, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este lunes los embargos preventivos sobre bienes de Los Sauces y Hotesur, incluido el departamento porteño donde Cristina Kirchner cumple condena, para resguardar fondos del decomiso por Vialidad.
