Una denuncia penal interna sacó a la luz una red de desvíos en la liquidación de haberes que supera los 1.600 millones de pesos. Involucra a mandos medios y compromete los controles en la fuerza militar.
Una denuncia penal interna sacó a la luz una red de desvíos en la liquidación de haberes que supera los 1.600 millones de pesos. Involucra a mandos medios y compromete los controles en la fuerza militar.
Una grave investigación por corrupción sacude los cimientos de la Armada Argentina tras detectarse una sistemática maniobra de fraude presupuestario. La causa penal indaga el desvío de aproximadamente 1.600 millones de pesos mediante la manipulación deliberada en las liquidaciones de haberes, adicionales y horas extras del personal militar y civil.
Monto bajo sospecha: Se estiman irregularidades por más de 1.600 millones de pesos.
Involucrados directos: Cerca de 50 efectivos del área de Intendencia estarían comprometidos.
Causa judicial: La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 para determinar responsabilidades.
La investigación se desencadenó a partir de una presentación penal radicada por el propio jefe de Servicios Financieros de la fuerza, quien detectó inconsistencias severas en los depósitos salariales. Las auditorías preliminares revelaron un circuito irregular estructurado para desviar fondos públicos hacia cuentas particulares de integrantes de la institución.
El esquema delictivo consistía en mantener vigentes las liquidaciones de marinos que ya habían sido desvinculados de la fuerza militar. Una vez girados los montos correspondientes a esos legajos inactivados, los encargados de la administración retenían hasta el 50% de las acreditaciones, distribuyendo el remanente en cuentas asociadas a la propia estructura administrativa.
Sumado al cobro indebido de haberes de bajas ficticias, los peritos contables constataron irregularidades sistemáticas en la asignación de suplementos especiales y horas extras destinadas al personal civil. Estas asignaciones eran infladas intencionalmente para engrosar el pozo de dinero desviado sin despertar alarmas inmediatas.
El foco de las actuaciones judiciales apunta al departamento de liquidación de sueldos, estamento conducido por oficiales jefes del escalafón Intendencia. Las miradas de los investigadores están puestas en el desempeño del capitán de navío de intendencia Carlos Alberto Castro Maggio y de su segundo, el capitán de navío Guillermo Gabriel Orozco.
Fuentes cercanas al expediente calculan que cerca de 50 personas habrían participado de forma directa o indirecta en la red de retenciones indebidas. Integrantes de la propia fuerza señalaron que la falta de auditorías externas periódicas facilitó la continuidad del mecanismo durante un prolongado período de tiempo.
La revelación generó un profundo malestar en las bases militares, donde efectivos de menor rango debían recurrir a trabajos externos para complementar sus ingresos, mientras los recursos destinados a sus remuneraciones eran direccionados hacia un circuito paralelo. En el ámbito castrense persisten las dudas sobre si la maniobra contaba con la omisión de estratos superiores.
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