La ONU denunció que el aparato represivo y de tortura en Venezuela sigue intacto

Un informe de la ONU advirtió que la estructura represiva en Venezuela se mantiene intacta tras el cambio político. Pese a algunas liberaciones, persisten las torturas en prisión, la opacidad judicial y funcionarios acusados de abusos en el gobierno.

Presos políticos Venezuela
Presos políticos Venezuela

Persistencia de castigos sistemáticos, tratos crueles y permanencia de mandos cuestionados

El informe de actualización presentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU concluyó que las estructuras de persecución institucional se mantienen plenamente operativas bajo la administración interina de Delcy Rodríguez. El equipo de investigación documentó la continuidad de torturas, aislamientos prolongados y tratos degradantes en centros de reclusión como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, donde se constataron dinámicas de sofocación en espacios subterráneos y privaciones sensoriales. Asimismo, los expertos identificaron la permanencia de al menos 19 altos cargos vinculados históricamente a violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, evidenciando que los recambios políticos y las excarcelaciones parciales no han derivado en una reforma estructural ni en el desmantelamiento del aparato coercitivo estatal.

Redes paramilitares, opacidad en las detenciones y llamados de la comunidad internacional

El documento de la delegación internacional detalló además la articulación persistente entre estamentos gubernamentales y grupos irregulares urbanos, conocidos como colectivos, quienes continúan desempeñando labores de contrainteligencia, control social territorial y amedrentamiento. A pesar del cese de privaciones de libertad masivas, las organizaciones civiles contabilizan cientos de personas sujetas a encarcelamientos por motivos políticos bajo regímenes de extrema opacidad procedimental. Frente a este escenario, los comisionados del organismo multilateral exhortaron a la dirigencia venezolana y a las potencias involucradas en el proceso de transición a implementar mecanismos formales de justicia transicional, garantizando la reparación de las víctimas y el libre retorno de las misiones internacionales de supervisión.

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