Llaryora rechazó el recorte en Discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó enfáticamente las modificaciones planteadas en el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional, las cuales generaron una fuerte controversia por incluir la derogación de artículos clave de la ley vigente en materia de Discapacidad.

A través de un pronunciamiento oficial en su cuenta de X, el mandatario cordobés advirtió que la provincia no convalidará ninguna medida que implique un ajuste sobre este sector ni sobre la red prestacional que atiende sus necesidades.

La postura de la provincia mediterránea se suma al rechazo de diversos sectores políticos y sociales frente a la propuesta presupuestaria. En su declaración, el mandatario remarcó el carácter prioritario de estas partidas dentro de la gestión pública.

“Para nosotros en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte esos derechos. En nuestra provincia, la discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad. Las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”, aseveró Llaryora.

Pedido al Congreso y advertencia por el colapso prestacional

En ese contexto, el jefe del Ejecutivo cordobés hizo un llamado explícito a los representantes legislativos en el Congreso de la Nación para frenar la iniciativa. Llaryora instó a los diputados y senadores de su provincia, así como al conjunto del Parlamento, a no ratificar el texto oficialista por considerar que vulnera directamente los derechos adquiridos por las personas con discapacidad y sus familias.

“Del mismo modo, les pedimos a nuestros diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general que no permitan que este acto, vivido por las personas afectadas como un acto de crueldad, sea aprobado”, sostuvo el gobernador.

Asimismo, Llaryora enfatizó la urgencia de sostener el acompañamiento financiero desde la administración central, argumentando que la desvinculación nacional agrava la presión sobre los estados provinciales y los municipios.

“En Córdoba seguiremos trabajando junto a las casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales para sostener la red que trabaja por la discapacidad. Sabemos que el esfuerzo que hacemos entre todos no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades. Es más: esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”, alertó.

Continuidad de las políticas de inclusión provincial

Finalmente, el mandatario destacó la importancia de garantizar herramientas concretas para el desarrollo integral de la comunidad y reeditó el reclamo por un Estado presente. La declaración institucional se da en un escenario de intensas negociaciones en el ámbito legislativo tras las controversias desatadas por el diseño del Presupuesto 2027.

“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, concluyó Llaryora.