El gobernador fue acusado de administración fraudulenta tras acordar el pago de apenas $301 millones con la empresa MEGA, que dejó abandonada la obra de un gasoducto nacional. Actualizada por inflación, la sanción perdonada superaba los $6.000 millones.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, enfrenta un nuevo frente judicial de alto impacto. Una denuncia presentada en los tribunales federales exige que se lo investigue por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca. La acusación formal, que también salpica a varios funcionarios de su gabinete, apunta a la posible comisión de delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El foco del conflicto es un cuestionado acuerdo conciliatorio firmado entre el gobierno provincial y la contratista MEGA, perteneciente al empresario salteño Carlos Fernando Berruezo Sánchez. En agosto de 2022, la firma había ganado la licitación del gasoducto con un presupuesto de $4.560 millones y, para julio de 2023, ya había embolsado un anticipo financiero de $454 millones. Ante el estancamiento de la obra, la provincia decidió rescindir el contrato y le impuso a la empresa una multa de $1.963 millones por incumplimientos.
El litigio había escalado a la Justicia, pero este año la gestión de Jalil dio un giro de 180 grados y cerró el pleito de forma extrajudicial. Según los términos del pacto, MEGA desistió de sus acciones y se comprometió a pagarle a la provincia solamente $301 millones. Como contrapartida, Catamarca renunció a todos sus reclamos, levantó la multa y liberó las pólizas de garantía de la constructora.
De acuerdo con la denuncia impulsada por Sofía Nahur Rivera Ortega, el acuerdo es financieramente ruinoso para el Estado. El escrito detalla que, si se aplica la actualización por inflación, el anticipo entregado en 2023 equivaldría en la actualidad a unos $3.079 millones, mientras que la multa original superaría ampliamente los $6.800 millones.
Uno de los puntos más graves señalados en el expediente es que no existe ningún dictamen técnico que justifique cómo se llegó a la exigua cifra de $301 millones. Tanto la Fiscalía de Estado como la Asesoría General de Gobierno se habrían excusado de evaluar la conveniencia económica del arreglo, alegando que excedía sus competencias.
El factor federal y el ruido con la obra pública
El caso desembarcó en el fuero federal debido al origen del financiamiento. El gasoducto se solventaba con partidas giradas específicamente por el Estado Nacional. El convenio original estipulaba que cualquier fondo no aplicado a la obra debía ser devuelto, por lo que la provincia no tenía la potestad de utilizar ese dinero como un recurso de libre disponibilidad para sellar un acuerdo transaccional. Por este motivo, los denunciantes solicitaron una pericia contable urgente y la preservación de los expedientes.
La polémica no hace más que sumar tensión a las contrataciones del Estado catamarqueño, ya bajo la lupa por el vertiginoso crecimiento de otras empresas del sector, como la constructora Guido Mogetta, señalada por la oposición local como una de las grandes beneficiadas por la gestión actual.
Además del gobernador Jalil, la presentación judicial requiere que se investigue el accionar del actual fiscal de Estado, Nicolás Rosales Matienzo; del ex fiscal de Estado, Marcos Denett; del exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki; y del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Alberto Natella.
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