La Justicia Federal confirmó este jueves el procesamiento y embargo contra Juan Grabois por la toma del ex Instituto Perón en junio de 2025. El fallo desestimó los planteos de la defensa y dejó al dirigente social al borde del juicio oral.
La Justicia Federal confirmó este jueves el procesamiento y embargo contra Juan Grabois por la toma del ex Instituto Perón en junio de 2025. El fallo desestimó los planteos de la defensa y dejó al dirigente social al borde del juicio oral.
La Cámara Criminal y Correccional Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento del diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, por los hechos ocurridos durante el ingreso al antiguo Instituto Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2593/2601, en la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución fue firmada por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, integrantes de la Sala I. El tribunal ratificó la decisión dictada el 26 de junio por el juez federal Sebastián Ramos, que había procesado a Grabois y al militante Valentín Peralta.
Según el fallo, ambos fueron considerados, en esta etapa del proceso, autores penalmente responsables de las conductas previstas en los artículos 150 y 239 del Código Penal, correspondientes a los delitos de usurpación y resistencia a la autoridad. La Cámara aclaró que la calificación legal es provisoria y podría ser revisada más adelante.
El tribunal también mantuvo los embargos fijados en primera instancia: $ 5.000.000 sobre los bienes de Grabois y $ 1.000.000 sobre los de Peralta. Los jueces señalaron que las sumas tienen carácter cautelar y buscan garantizar eventuales responsabilidades civiles, penas pecuniarias y costas del proceso.
La Cámara consideró que no estaba controvertido que Grabois ingresó al inmueble donde funcionó el Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, cerrado mediante el Decreto 346/25.
Los jueces destacaron que el dirigente había difundido el 6 de junio de 2025 una convocatoria en las redes sociales X e Instagram para concurrir al lugar al día siguiente desde las 9. El llamado incluía la consigna “defendamos el Instituto Juan Domingo Perón y el Bar ‘Un café con Perón’”.
A partir de testimonios policiales y registros audiovisuales incorporados al expediente, el tribunal sostuvo que Grabois estuvo en el lugar y encabezó al grupo que ingresó al inmueble estatal. También afirmó que se produjeron daños y que los manifestantes permanecieron allí pese a las órdenes de abandono impartidas por funcionarios públicos.
La resolución señaló que Grabois comunicó a los manifestantes la decisión de permanecer en el lugar. Según el fallo, les indicó que subieran al patio mientras él continuaba dentro del inmueble, invocando su condición de abogado.
Para los camaristas, esa condición profesional y su carácter de funcionario público no lo eximían de cumplir una orden legítima de una autoridad competente. El tribunal sostuvo que la imputación no se basó en sus cargos, sino en las conductas atribuidas durante el episodio.
Las defensas cuestionaron la valoración de las pruebas, la calificación legal y los montos de los embargos. En el caso de Grabois, sus abogados sostuvieron que se había atribuido responsabilidad por su condición política y pública, en lugar de analizar hechos concretos.
La Cámara rechazó esos argumentos y consideró que el procesamiento tenía fundamentos suficientes para esta etapa. No obstante, indicó que la discusión sobre la calificación definitiva deberá continuar durante el proceso.
Respecto de Peralta, su defensa planteó además que la Justicia Federal no debía intervenir porque los delitos investigados no justificarían la actuación de ese fuero. La Sala I ordenó que ese planteo sea analizado por el juez de primera instancia.
El tribunal también rechazó el pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para intervenir como amicus curiae. Consideró que la causa no presentaba, en este momento, una complejidad que hiciera necesaria esa participación.
La resolución confirmó así las medidas adoptadas, aunque mantuvo abierta la posibilidad de revisar la calificación jurídica y otros planteos durante las siguientes etapas del expediente.
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