La estudiante iraní Najmeh Amini fue condenada a muerte por publicaciones en redes sociales consideradas blasfemas. Recluida en Mashhad tras ser detenida en protestas, la joven apeló el veredicto mientras organismos internacionales exigen frenar la ejecución.
Un fallo judicial en el Medio Oriente volvió a encender las alarmas de la comunidad internacional sobre el accionar del sistema punitivo de la República Islámica. Se trata del drama que atraviesa Najmeh Amini, una joven de 23 años dedicada al estudio de la contabilidad, quien acaba de recibir un veredicto de pena de muerte tras ser acusada de incurrir en delitos de “blasfemia” mediante publicaciones digitales. La muchacha permanece recluida en las celdas del penal de Vakilabad, localizado en la norteña urbe de Mashhad, donde además arrastra un fallo paralelo que le impone más de una docena de años tras las rejas por supuestos actos contra la seguridad estatal.
Pese a lo dramático del escenario, la defensa técnica confía en que la sentencia de muerte no quede firme en lo inmediato, ya que el fallo fue apelado ante la Corte Suprema de Irán para intentar frenar la ejecución. Desde el interior del recinto penitenciario trascendió un desgarrador testimonio en formato de audio grabado en septiembre, en el cual la propia Amini suplicó por el amparo directo de la Organización de las Naciones Unidas, abogados independientes y redes internacionales de asistencia, proclamando su inocencia y remarcando la interrupción abrupta de sus proyectos de vida.
El origen de este expediente se remonta a los primeros días del año, cuando la tensión social ardía en las principales arterias urbanas del país. Reportes elaborados por la entidad Activistas de Derechos Humanos en Irán (Hrana) precisan que la detención de Amini ocurrió a fines de enero mientras se encontraba en un complejo comercial de Mashhad. Aquella jornada se inscribió en la ola de manifestaciones masivas que comenzaron por el desplome histórico de la moneda local frente a la divisa estadounidense, lo que empujó a los comerciantes de los bazares a bajar sus persianas e iniciar marchas a las que rápidamente se acoplaron las agrupaciones estudiantiles.
Con el correr de las semanas, los reclamos por la disparada del costo de vida derivaron en consignas políticas directas. En mayo pasado, relevamientos independientes identificaron a la estudiante entre un grupo de tres docenas de mujeres privadas de la libertad en el marco de las redadas policiales. En los expedientes incoados por los tribunales revolucionarios locales se le cargaron imputaciones gravísimas, incluyendo resistencia a las fuerzas de seguridad, agravios al líder supremo y cargos vinculados a la supuesta enemistad con los mandatos religiosos.
La causa más severa se tramitó en los fueros penales ordinarios, donde la acusación inicial por faltas a las figuras sagradas mutó durante el debate a la figura jurídica de sab ol-nabi (ofensa explícita al profeta), tipificación que habilita la aplicación del castigo capital. Durante la contienda, la defensa de la muchacha intentó atenuar la responsabilidad argumentando que las publicaciones en redes fueron hechas bajo estados de alteración provocados por el consumo de sustancias con amigos. Sin embargo, el magistrado desestimó la estrategia defensiva al cuestionar con sarcasmo por qué en ese estado la procesada no atacó a los históricos rivales geopolíticos del régimen.
Organizaciones protectoras de derechos fundamentales, con sede en capitales europeas como Oslo, remarcaron el peligroso antecedente que sienta este caso al expandir el uso de la pena de muerte para acallar expresiones ciudadanas en plataformas virtuales. Las entidades recordaron que la nación islámica encabeza las estadísticas globales con más de seis centenares de ejecuciones consumadas en lo que va del período, por lo que urgieron a los gobiernos occidentales a ejercer máxima presión diplomática antes de que el máximo tribunal firme la orden definitiva.
El presidente Nayib Bukele anunció que evalúa conceder la libertad condicional a cerca de la mitad de los 92.000 detenidos en El Salvador. Una comisión especial revisa los casos de quienes tuvieron un rol mínimo en las pandillas.
Noelia, pareja de Jorge “Locomotora” Castro, lo despidió con un desgarrador mensaje en redes sociales. Reveló que planeaban comprometerse este fin de semana en la costa y expresó su profundo dolor: “Se me fue la vida”.
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