El gobierno porteño ratificó que no pagará indemnizaciones millonarias a Camioneros en el próximo contrato de recolección de basura. Además, la gestión de Jorge Macri sancionará a las empresas que no cumplieron los recorridos durante las marchas gremiales.
El choque entre la sede gubernamental de la calle Uspallata y la conducción del Sindicato de Camioneros alcanzó su punto de mayor ebullición. Frente a las reiteradas advertencias de la familia Moyano sobre intensificar las medidas de fuerza en las calles, la administración encabezada por Jorge Macri se mantiene firme en no ceder ante la exigencia sindical que pretende cobrar resarcimientos multimillonarios para unos 6.500 recolectores de residuos cuando finalicen los contratos actuales en 2028. La postura oficial busca terminar de raíz con lo que consideran un privilegio sin sustento normativo, marcando una cancha bien definida para las empresas que pretendan competir en el nuevo esquema de higiene urbana.
En declaraciones recogidas por el portal Infobae, voceros del Ejecutivo capitalino confirmaron que las cláusulas para la licitación del período 2028-2038 —que se aprobarán en las próximas semanas— no incluirán el financiamiento público para indemnizar a personal que mantiene su empleo y antigüedad intactos. Para el equipo económico de la Ciudad, desembolsar una cifra cercana a los 200 millones de dólares bajo el concepto de “despidos ficticios” implica un perjuicio directo sobre el bolsillo de los contribuyentes porteños que pagan sus tasas municipales.
Lejos de limitar el conflicto al plano reglamentario, el gobierno porteño decidió pasar a la acción concreta en el terreno operativo. Como respuesta a la reciente movilización organizada hacia la Comuna 1 que dejó bolsas acumuladas en diversos barrios, las autoridades aplicarán severas sanciones económicas a las empresas prestadoras que no hayan completado sus circuitos de recolección programados. Esta maniobra traslada la presión financiera directamente a las firmas privadas, forzándolas a garantizar el servicio o descontar las jornadas no trabajadas a quienes abandonaron sus puestos para sumarse a las asambleas.
Esta metodología de penalización no constituye una novedad en los reglamentos de fiscalización, pero cobra una relevancia estratégica en plena negociación tarifaria. Desde el entorno del jefe de gobierno porteño remarcan la premisa de que día no trabajado no se abona, utilizando el poder de auditoría para acorralar las dinámicas de protesta habituales del gremio. Sin embargo, desde la cúpula sindical ya advirtieron que defenderán con paros y asambleas permanentes lo que consideran una conquista laboral irrenunciable.
El meollo de la disputa radica en la aplicación de la célebre costumbre gremial instaurada a fines de los noventa, mediante la cual Camioneros exige que cada vencimiento de concesión implique la liquidación total del personal para su posterior recontratación en la firma entrante. Aunque la legislación de la Ciudad exige la continuidad laboral garantizada de toda la planta de recolectores, la inclusión de partidas presupuestarias para indemnizar generaba una severa contradicción jurídica que terminaba siendo solventada por las arcas del Estado local.
Si bien la Ciudad aclaró que abonará las liquidaciones correspondientes al contrato vigente hasta 2028 por estar así estipulado en normativas aprobadas previamente por la Legislatura, el nuevo marco regulatorio cerrará definitivamente el grifo para los próximos diez años. Se prevé que los nuevos pliegos licitatorios queden adjudicados entre finales de este año y los primeros meses de 2027, abriendo una ventana de alta tensión sindical donde ambas partes medirán su fuerza política en las calles de la capital.
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El gobierno porteño ratificó que no pagará indemnizaciones millonarias a Camioneros en el próximo contrato de recolección de basura. Además, la gestión de Jorge Macri sancionará a las empresas que no cumplieron los recorridos durante las marchas gremiales.
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