El fallo dictado por el juez Alejandro López desestimó los cargos por extorsión, coacción, amenazas y turbación de la posesión que pesaban sobre el referente del Sindicato de Camioneros en San Nicolás, San Pedro y Ramallo.
La resolución dispuso la liberación inmediata de Cabaleyro, quien permanecía en arresto domiciliario. Junto al referente gremial, otros seis excolaboradores y empleados resultaron absueltos.
El magistrado consideró que las acciones iniciadas en febrero de 2021 no constituyeron delitos penales. En el texto del fallo, el juez sostuvo: “Todos los imputados han obrado en ejercicio del derecho, ¿cuál es? El de la huelga”. De este modo, la resolución rechazó el pedido de las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes habían solicitado diez años de prisión.
Durante el proceso oral, la defensa sostuvo que el conflicto colectivo derivó de deudas de aportes e infraestructura. Sobre las denuncias por cobros indebidos, el tribunal determinó que la firma mantenía deudas salariales previas con nueve trabajadores. Asimismo, la sentencia señaló que no se acreditó la autoría de Cabaleyro en los pagos recibidos por otros representantes gremiales.
Tras la notificación del veredicto, el dirigente gremial brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó el proceso judicial en su contra. “Fui injustamente privado de mi libertad”, afirmó el camionero ante medios locales. En la misma línea, agregó: “Si reclamar la plata que les corresponde a los trabajadores es cobrar coimas, seré un coimero”.
El abogado defensor Mauricio Gugger expresó conformidad con la resolución y adelantó que evaluará denunciar por falso testimonio a la familia querellante. Por su parte, la abogada de la empresa, la senadora provincial Florencia Arietto, rechazó los argumentos del magistrado y confirmó que apelará la decisión ante las instancias superiores.
“Podés relativizar la extorsión, pero lo del camión y el motorhome bloqueando la empresa está totalmente probado”, recriminó Arietto tras conocerse la absolución. En ese mismo sentido, la representante legal de la pyme ratificó la estrategia procesal del fuero privado: “Iremos a Casación y a la Corte, si es necesario”.
El propietario de la distribuidora de alimentos, Gustavo Rey, también cuestionó la interpretación de la resolución penal. “Con este veredicto queda demostrado que se puede hacer cualquier cosa”, sostuvo el empresario al finalizar la audiencia virtual. De igual manera, remarcó que la causa no representa el cierre del litigio al restar etapas de apelación.
El conflicto sindical reabrió el debate legal respecto a los límites entre la protesta laboral y la protección de la actividad comercial. La resolución sienta un antecedente en la provincia de Buenos Aires que será revisado por los tribunales de alzada. ¿Lograrán los recursos de Casación redefinir los límites entre el derecho de huelga y la libre circulación empresarial?