Colombia busca rendición de grupos armados sin frenar extradiciones

Ministros del gabinete colombiano radicaron en el Congreso la Ley de Sometimiento, un marco normativo que otorga reducciones de pena a grupos armados a cambio de verdad y bienes, pero sin frenar las capturas ni las extradiciones.

Colombia propone rebajar penas a grupos armados pero no la extradición. Foto: web.

El Gobierno nacional radicó en el Congreso la Ley de Sometimiento a la Justicia, iniciativa que establece el marco normativo para la desarticulación de organizaciones criminales. El proyecto de ley, presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición para quienes se acojan al texto.

La iniciativa define a todas las estructuras armadas ilegales como organizaciones terroristas vinculadas a economías ilícitas. A través de este enfoque, la administración busca el restablecimiento del orden público y la protección de la población civil mediante dos fases de procesamiento: una etapa administrativa coordinada por el Ejecutivo y una etapa de juzgamiento a cargo de la rama judicial.

Para acceder a los mecanismos contemplados, las organizaciones deberán manifestar su voluntad por escrito, entregar el armamento, identificar a los menores reclutados y señalar la ubicación de personas secuestradas. Paralelamente, los delegados autorizados por la Presidencia de la República entablarán conversaciones para coordinar las condiciones de desarme y la devolución de propiedades.

El texto radicado incluye un esquema de incentivos penales sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones. Quienes contribuyan con la verdad y la reparación a las víctimas podrán optar a una rebaja del 50 % de las penas, así como al cumplimiento de medidas en colonias agrícolas o cárceles productivas. La reincidencia o el incumplimiento de los compromisos provocará la revocatoria automática de los beneficios concedidos.

En el caso de los integrantes sin rol de mando procesados por delitos menores, la pena podrá extinguirse si se presentan dentro de los primeros 180 días de vigencia de la ley. Por otra parte, para delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito, la suspensión condicional de la ejecución de la pena podrá solicitarse tras un año de cumplimiento, siempre que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.

El proyecto faculta la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía General de la Nación, integrada por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Esta dependencia operará sin generar nuevos cargos públicos y trabajará en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

La discusión legislativa comenzará en la Comisión Primera del Senado con mensaje de urgencia para su debate conjunto con la Cámara de Representantes. El trámite iniciará en las próximas semanas bajo la conducción del presidente de dicha célula legislativa, Enrique Gómez Martínez, marcando el comienzo del debate sobre el nuevo marco de seguridad del país.

 

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