Rectores, gremios, estudiantes, personas de a pie y organizaciones sociales se movilizan en este momento hacia el Congreso. El documento que leerán a las 16 reclama cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y pide derogar el DNU 70. El Gobierno sostiene que la ley “está interrumpida”.
[Actualizado a las 14.47] Miles de personas se movilizan en este momento hacia el Congreso en la quinta Marcha Federal Universitaria. Rectores, gremios docentes y no docentes, estudiantes, centrales sindicales y organizaciones sociales reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para las 16hs está previsto el acto central frente al Parlamento, con movilizaciones también en distintos puntos del país.
En ese acto se leerá el documento “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”, al que accedió en forma anticipada el diario Perfil. Lo firman el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), las federaciones docentes Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, FAGDUT y UDA, la federación no docente FATUN y la CTERA. Su frase central: “La universidad pública no es el problema de nuestro país”.
Según el texto, el conflicto excede lo presupuestario. “El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, sostienen los firmantes.
El documento repasa el recorrido de la norma: el Congreso la sancionó, la Justicia declaró inconstitucional el decreto que la dejaba en suspenso y una medida cautelar ordena cumplir de inmediato sus artículos sobre salarios y becas. Según los organizadores, la Justicia ya le ordenó al Gobierno cumplir la ley en nueve oportunidades.
La marcha llega un día después de que el juez federal Martín Cormick impusiera una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir esa cautelar.
La comunidad universitaria se suma de forma explícita al pedido de derogación del DNU 70/2023. El documento cuestiona que el decreto haya anulado leyes del Congreso e impuesto otras sin debate parlamentario, y lo describe como expresión de una “voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia”.
La movilización coincide con la jornada en la que la oposición intentó tratar el rechazo del decreto en Diputados, en una sesión que finalmente se cayó por falta de quórum.
El texto sostiene que el presupuesto educativo propuesto por el Ejecutivo es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y que el Presupuesto 2027 no contempla las partidas que fija la ley. El proyecto oficial prevé $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN calcula que se necesitan cerca de $11 billones. “Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”, advierte el documento.
En el plano salarial, la AGD-UBA sostiene que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% con los docentes. Según su secretaria general, Laura Carboni, un ayudante de primera con semidedicación cobró en octubre un básico bruto de $561.659, cuando por ley le corresponderían $741.111. El gremio calcula que, desde el inicio de la gestión, la inflación acumulada llegó a 344,15%, frente a un aumento de 236,6% en los salarios docentes.
Carboni sumó otro dato: según AGD-UBA, más de 1.200 docentes e investigadores dejaron la UBA. “Sin salarios dignos no hay continuidad posible para la investigación científica ni para la enseñanza de calidad”, sostuvo.
El capítulo de becas es uno de los más detallados. Según el texto, las Becas Progresar siguen congeladas en $35.000 desde 2024, un monto que no alcanza para cubrir transporte ni materiales. También denuncia desinversión en las Becas Manuel Belgrano y en las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas, y define ese cuadro como “una política de deserción forzada”.
Entre los reclamos salariales figuran el respeto de las paritarias, la restitución del FONID y el pase a sumas remunerativas de todos los montos.
A la convocatoria se sumaron la CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones sociales, partidos de izquierda y agrupaciones peronistas. ATE también marcha y realiza un paro de 24 horas. El radicalismo se concentra en su sede de la calle Tucumán.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó su respaldo a la marcha y la definió como “una lucha de todo el pueblo argentino” en defensa de la educación pública. También se refirió al “deterioro económico de vastos sectores de la sociedad” y lo atribuyó a las políticas del Gobierno nacional. Desde La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto se sumó en redes sociales: “Fueron generaciones de lucha (…) para que estudiar sea un derecho, nunca un privilegio”.
La CGT definió a la universidad pública como “una conquista histórica del pueblo argentino”. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, vinculó la movilización con el pedido de derogar el DNU 70: “No podemos naturalizar que se gobierne por decreto, pasando por encima del debate democrático y de la responsabilidad del Congreso”. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que el paro de 24 horas busca “garantizar que las protestas se multipliquen en todo el país”.
La jornada empezó temprano: el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad se concentró desde las 10.30 frente al Congreso. Durante el mediodía llegaron jubilados, columnas de facultades, gremios y organizaciones sociales. A las 15 están previstas dos concentraciones: el Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza Kicillof, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, y La Cámpora, con columnas coordinadas por Máximo Kirchner, en las calles cercanas al Congreso. El acto unificado de la UBA y el CIN será a las 16 en la Plaza del Congreso.
El perímetro de la plaza (Entre Ríos, Callao, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen) permanece cerrado al tránsito. También hay cortes en Avenida de Mayo y Salta, Salta y Moreno, Rivadavia y Rodríguez Peña y Avenida Córdoba y Uriburu, entre otros puntos. Los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad desplegaron un operativo con vallados alrededor del Congreso y de Plaza de Mayo.
El Gobierno rechaza la acusación de incumplimiento. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo el miércoles que “es una ley que está interrumpida y hay un fallo judicial”, y pidió a la prensa no transmitir que el Gobierno está en contra de las universidades.
El documento cierra con la misma idea con la que empieza: para sus firmantes, la universidad pública no es el problema, sino “una parte fundamental de la solución”.
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El Ministerio de Salud derogó la lista integral de asistencia para centros de atención primaria y la reemplazó por un esquema acotado enfocado exclusivamente en patologías cardiovasculares. El resto de la cobertura sanitaria fue delegada a las provincias.
Una especialista de Yacyretá anticipó que el fenómeno se intensificará entre octubre y febrero. La represa abrió sus 18 compuertas, Corrientes ya tiene evacuados y en Misiones hay localidades aisladas. El SMN prevé lluvias por encima de lo normal en el Litoral.
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La conductora habló brevemente con Pilar Smith y le dijo que por ahora no dará entrevistas. Confirmó la ruptura con el músico por Instagram el mismo día en que empezaba la luna de miel, un viaje que decidió hacer sola.
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