El abogado Gregorio Dalbón solicitó a la Justicia federal el secuestro de los correos electrónicos de la entidad monetaria tras su negativa a entregar documentación clave a la AGN. La causa investiga una pérdida de 1.023 millones de dólares en reservas y pone el foco en la selección del Deutsche Bank como contraparte comercial.
La Justicia federal recibió un pedido formal para allanar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y secuestrar la información de sus servidores y casillas de correo. La presentación, realizada por el abogado Gregorio Dalbón ante el juzgado de Ariel Lijo (causa 4971/2026), busca determinar cómo se eligió al Deutsche Bank como contraparte en las recientes operaciones con el oro de las reservas, las cuales le costaron al país una pérdida de 1.023 millones de dólares.
En el mismo escrito judicial, el denunciante amplió la acusación y solicitó la indagatoria del ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet. Además, la causa sumó un nuevo imputado: el subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, integrante del directorio de la entidad monetaria, quien por Carta Orgánica debe intervenir formalmente en las decisiones que afectan al mercado monetario y cambiario.
El eje de la sospecha radica en los vínculos previos de los funcionarios, dado que Caputo y Bausili ocuparon altos cargos directivos en el Deutsche Bank en el pasado. La situación judicial se agravó luego de que el BCRA se negara a entregarle a la Auditoría General de la Nación (AGN) las copias de los contratos que detallan las condiciones pactadas y los nombres de quienes autorizaron los movimientos.
Según el balance 2025 aprobado por la propia AGN, la pérdida millonaria se ejecutó con “egresos de divisas” (dólares contantes y sonantes) y se compone de 960,2 millones de dólares de resultado negativo por opciones, sumado a 62,8 millones en concepto de primas. La maniobra consistió en la compra de un seguro contra la baja del oro, financiado mediante la venta a distintos bancos del derecho a comprar el metal a poco más de 3.000 dólares la onza. Sin embargo, la cotización internacional superó la barrera de los 4.000 dólares, obligando al BCRA a cubrir la diferencia de su propio patrimonio.
Para evitar que la prueba documental electrónica “sea modificada, ocultada o suprimida con facilidad”, Dalbón exigió que peritos informáticos copien de urgencia los correos de la Presidencia del BCRA, del directorio y de las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos correspondientes a los años 2024 y 2025. En caso de no ordenarse el allanamiento, la querella reclamó que se emita una orden de presentación con intimación a conservar los archivos.
En paralelo, la denuncia propuso una batería de medidas orientadas a rastrear el destino de los fondos y las comisiones bancarias, estimadas extraoficialmente en más de 60 millones de dólares:
Exigir al BCRA el detalle del costo total de las operaciones, incluyendo comisiones, honorarios, márgenes y a quién se le abonó cada concepto.
Requerir al Deutsche Bank la entrega de los contratos y la confirmación sobre posibles pagos de comisiones o retrocesiones a terceros, con nombre y apellido de los beneficiarios.
Consultar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la existencia de reportes vinculados a estas transacciones.
Solicitar información formal a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para verificar si se reportó algún pago irregular a funcionarios argentinos.
Designar peritos contadores y expertos en derivados financieros para medir el perjuicio exacto.
Los delitos que se investigan en el expediente incluyen administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (que prevé penas de dos a seis años de prisión), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según consta en el escrito, de acreditarse una estructura delictiva estable, se sumaría también la figura de asociación ilícita.
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