El diputado nacional Álvaro Martínez (LLA) presentó una iniciativa para modificar el régimen penitenciario. Busca la prohibición absoluta de la telefonía móvil, la implementación de uniformes obligatorios y la creación de un arancel para que los internos paguen su comida y servicios generales.
El diputado nacional por Mendoza, Álvaro Martínez (La Libertad Avanza), impulsa un proyecto de ley que busca reformar de raíz la vida en las cárceles argentinas. La iniciativa, que propone modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, tiene tres ejes centrales: la prohibición absoluta de teléfonos celulares, la implementación de un sistema de uniformes según la peligrosidad y el cobro de un arancel mensual a los detenidos para cubrir los gastos de su encierro.
“Hay que terminar de una vez por todas con el call center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo el legislador en diálogo con este medio.
Apuntando a frenar las estafas virtuales y las maniobras vinculadas al narcotráfico, Martínez explicó que en la pandemia se flexibilizó el acceso a las telecomunicaciones, pero que “nunca más se volvió para atrás”. Según su visión, el hecho de estar preso “no puede significar tener un celular para seguir organizando los delitos desde adentro”. Como alternativa, el proyecto prevé “sistemas autorizados y monitoreados”, como teléfonos de línea y videollamadas exclusivas con defensores, garantizando “el derecho a comunicarse con limitaciones”.
Otro punto disruptivo es la creación del Arancel Único Carcelario (AUC). “La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme”, detalló el diputado. Según explicó, este arancel se cubriría con los ingresos que generen los presos mediante el trabajo dentro del penal, que además será fomentado para generar hábitos laborales y “recortar el gasto público”. “El ciudadano que trabaja todos los días paga sus servicios; quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo”, concluyó.
Por último, el proyecto establece el uso obligatorio de uniformes de color beige o marrón claro. Para Martínez, esto no tiene un fin discriminatorio, sino que “se ajusta al principio de igualdad”. Las prendas contarán con un sistema de líneas verticales (una, dos o tres) para identificar a los internos según su peligrosidad (leve, media o alta), mientras que serán lisas para aquellos próximos a recuperar su libertad.
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