Ante la paralización completa de las seis líneas y el Premetro, la Secretaría de Trabajo porteña exigió el restablecimiento inmediato de un cronograma de emergencia para garantizar la movilidad y proteger a los usuarios.
Ante la paralización completa de las seis líneas y el Premetro, la Secretaría de Trabajo porteña exigió el restablecimiento inmediato de un cronograma de emergencia para garantizar la movilidad y proteger a los usuarios.
La paralización total de las seis líneas de subterráneo y el Premetro, una medida de fuerza legítima impulsada ante la falta de respuestas a las demandas de los operarios, encontró una rápida y dura respuesta administrativa por parte del Ejecutivo porteño. Lejos de convocar a una mesa de diálogo para destrabar el conflicto de fondo, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad dictó la Resolución 1201/SECTE/26, mediante la cual intimó al sector gremial a levantar parcialmente la huelga.
Apoyándose en las directrices del Decreto N.º 230/26, la administración porteña exigió asegurar de forma inmediata una cobertura mínima operativa del 50% en cada una de las líneas afectadas. La normativa requiere que las partes involucradas adopten e informen las medidas necesarias para restablecer la circulación, lo que en la práctica representa una fuerte presión institucional sobre el derecho constitucional a huelga de los trabajadores.
Desde el Gobierno de la Ciudad justificaron la intimación argumentando que la intervención de la cartera laboral busca pura y exclusivamente “exigir el cumplimiento de la normativa vigente”. En su comunicado oficial, la gestión porteña remarcó que la prioridad de la resolución es “priorizar la protección de los usuarios y la continuidad del servicio”, catalogando al transporte subterráneo como un pilar esencial que no puede detenerse.
Sin embargo, la imposición de este cronograma de emergencia coloca a los trabajadores de la red en una compleja encrucijada. La exigencia gubernamental de garantizar la mitad del funcionamiento habitual limita severamente el impacto del paro y debilita la capacidad de negociación del sector sindical, obligando a los empleados a retomar sus puestos bajo amenaza de sanciones, mientras sus reclamos originales por la mejora de sus condiciones laborales continúan sin ser resueltos.
Ante la denuncia, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención del gremialista por desobediencia. Sin embargo, cuando la policía quiso detener a Carrizo, intervinieron dos delegados, el dirigente político de izquierda Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes entorpecieron la labor policial descendiendo con el imputado a la zona de andenes.
Carrizo se atrincheró en una oficina, Dellacarbonara y Heredia fueron detenidos y alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita y luego llevado a una oficina de la Fiscalía, para que evalúen antecedentes.
Ante la paralización total del servicio, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, respaldó la actuación judicial contra los dirigentes gremiales y rechazó contundentemente la medida de fuerza a través de sus redes sociales:
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“El mundo que nos queda, el legado político y social del Papa Francisco” es el último libro que publicó Gustavo Sylvestre (Editorial Marea) donde se transcribe la entrevista que le realizó el 25 de marzo de 2023 en la Santa Sede, también un intenso e intimo intercambio de mails entre ambos y dos encíclicas.
La 35 edición fue llevada adelante en la sala El Nacional.
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