Durante una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, admitió este jueves la preocupación de empresas estadounidenses por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El canciller Pablo Quirno defendió el proyecto y sostuvo que el reclamo por Malvinas es innegociable.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció este jueves que su país sigue con atención el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno argentino en el Congreso. El funcionario explicó que Washington observa los posibles efectos de la norma sobre empresas norteamericanas, aunque afirmó que respeta el proceso legislativo argentino.
“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas”, dijo Landau durante una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno. El funcionario estadounidense añadió que “es natural que cualquier país se preocupe por eso”.
El encuentro se produjo en el marco de una visita oficial de Landau y del secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Ambos integrantes del Departamento de Estado llegaron al país tras una escala en Paraguay y mantendrán una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada el viernes 23 de octubre.
La iniciativa oficialista establece sanciones para empresas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Según el material difundido sobre el proyecto 0010-PE-2026, las medidas podrían alcanzar no solo a las compañías que operan directamente en el archipiélago, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores asociados.
Entre las firmas mencionadas se encuentran la británica Rockhopper y la israelí Navitas, vinculadas al proyecto Sea Lion en aguas circundantes a Malvinas. La fuente precisa que el articulado también contempla sanciones para compañías asociadas a esas empresas en otros proyectos.
Landau no cuestionó formalmente la iniciativa, pero dejó en claro que Washington sigue de cerca sus consecuencias potenciales para compañías de su país. Su declaración llegó después de que, según fuentes oficiales citadas por los medios, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, hubiera transmitido a funcionarios argentinos la inquietud de empresas norteamericanas por el alcance del Título I del proyecto.
El canciller Pablo Quirno salió a respaldar la iniciativa y sostuvo que la legislación vigente no brinda a la Argentina las herramientas necesarias para defender sus intereses en Malvinas. A su criterio, el proyecto busca ampliar esas capacidades.
“Hoy existe una ley que el gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada, porque justamente no le da a la Argentina las herramientas necesarias”, afirmó Quirno en la conferencia de prensa.
El canciller negó que la norma esté dirigida contra una empresa en particular. Según su planteo, las compañías tendrán la posibilidad de elegir entre operar en el continente argentino, donde el potencial de negocios sería mayor, o mantener actividades vinculadas con las islas.
“Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, sostuvo Quirno. En su discurso, el ministro vinculó esas operaciones con una alternativa menos segura y menos legítima que las inversiones en Vaca Muerta.
Otro eje de la jornada fue la propuesta estadounidense de disolver el Comité de Descolonización de la ONU, conocido como C-24. Ese organismo es el ámbito donde la Argentina presenta cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Landau defendió la eliminación del comité como parte de una reforma de las Naciones Unidas. “Ahí hay una enorme variedad de comités que a través de años no han hecho casi nada”, afirmó. El funcionario pidió no confundir esa iniciativa con una posición específica sobre el conflicto por Malvinas.
“Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema en particular”, agregó. También sostuvo que el C-24 adoptó posiciones contrarias a los intereses de Estados Unidos en temas como Puerto Rico.
Quirno buscó desvincular el reclamo argentino del destino del comité. Explicó que las resoluciones que sustentan la posición del país son generales de las Naciones Unidas y no dependen de un organismo en particular. Aun así, reconoció que el C-24 es un foro de interés para la Argentina porque allí se presenta anualmente el reclamo.
“El reclamo de soberanía de las Islas Malvinas es innegociable”, remarcó el canciller. Según su visión, la eventual desaparición del comité “no tiene ningún tipo de mella” en la posición argentina.
La reunión también dejó anuncios en materia de seguridad y cooperación. Quirno informó que Estados Unidos aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales USD 7,5 millones estarán destinados a proyectos en la Argentina y el resto a iniciativas regionales.
Además, se anunció un apoyo de hasta USD 10 millones para un pacto de protección de la infancia orientado a combatir la trata de menores. También se prevé un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad, que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.
En el plano económico, Quirno destacó los avances del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, firmado en febrero de 2026 con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. El canciller mencionó además el corredor Andes-Atlántico, pensado para conectar el noroeste minero y Vaca Muerta con puertos del océano Atlántico.
Landau elogió la relación bilateral entre ambos países y afirmó que no hay “otro país en todo el mundo” con el que Estados Unidos esté “tan alineado”. El funcionario también se refirió a las posibilidades de inversión en la Argentina y aseguró que los acuerdos comerciales pueden “abrir las puertas” a una nueva etapa de capitales extranjeros.
La visita de Landau y Segura anticipa la llegada del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre. Antes de ese encuentro, el Gobierno deberá definir el rumbo parlamentario de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Quedará por ver si el proyecto avanza sin cambios o si el debate legislativo incorpora ajustes ante la inquietud expresada por Washington. También deberá observarse si la eventual reforma del C-24 modifica el espacio internacional desde el cual la Argentina renueva cada año su reclamo por Malvinas.
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