En el Senado peruano, el oficialismo aprobó facultades legislativas por 90 días para que el Gobierno de Keiko Fujimori decrete medidas sobre seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, tras lograr el respaldo de sectores opositores.
En el Senado peruano, el oficialismo aprobó facultades legislativas por 90 días para que el Gobierno de Keiko Fujimori decrete medidas sobre seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, tras lograr el respaldo de sectores opositores.
El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un periodo de 90 días en materias exclusivas de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. La medida obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, permitiendo al Gobierno promulgar decretos legislativos en 27 puntos específicos.
El dictamen alcanzó el respaldo mínimo de 31 votos requeridos gracias a la votación en bloque de las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, sumada al giro político del Partido Cívico Obras y a la votación dividida del Partido del Buen Gobierno. En contraposición, las agrupaciones Juntos por el Perú y Ahora Nación mantuvieron una postura unánime de rechazo.
Durante la sustentación del dictamen en la sesión plenaria, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, hizo un llamado a la concertación parlamentaria. “Quiero hacer una invitación respetuosa a quienes tienen reservas; los invito a mantener apertura al diálogo, reflexión responsable y formular nuestros aportes de manera constructiva”, sostuvo el legislador por Fuerza Popular al exponer el texto que sumó siete materias adicionales a las 20 convalidadas en la Cámara de Diputados.
En el marco de la seguridad ciudadana, las facultades autorizan la modificación del marco legal para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. Asimismo, se faculta al Gobierno a implementar controles migratorios, trazabilidad de armas, geolocalización de dispositivos móviles vinculados a delitos y un registro de organizaciones criminales.
El texto contempla la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en auxilio de la Policía Nacional para la custodia del orden interno y el perímetro exterior de los penales. “Se fortalece la protección jurídica de quienes ejercen legítima defensa mediante una presunción relativa de racionalidad de su actuación”, precisó Mesía sobre las modificaciones procesales, que incluyen además el régimen de libertad vigilada pospenitenciaria para delitos de extorsión, secuestro y sicariato.
En cuanto a la atención del fenómeno El Niño, se faculta al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a entregar ayuda humanitaria directa durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia.
Paralelamente, se agilizará la liberación de predios estatales, la simplificación de permisos ambientales e hídricos para proyectos priorizados y la ampliación de obras por impuestos en labores de prevención.
Tras la aprobación del dictamen, la presidenta de la República Keiko Fujimori se pronunció ante los medios de comunicación y expresó sus reservas sobre el alcance final de la norma aprobada por el Congreso. “Nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades. Se han enfocado en el fenómeno de El Niño y en los temas de seguridad, que son problemas urgentes, pero normalmente cada gobierno que inicia siempre ha recibido facultades en más materias”, declaró la mandataria.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros Luis Galarreta defendió la postura del Gabinete respecto a las negociaciones parlamentarias. “Nunca se dijo 66 o nada, se dijo estamos para dialogar y llegar a un acuerdo”, enfatizó el primer ministro tras saludar las adiciones realizadas en la Cámara Alta, aunque lamentó que persista un cierre de postura en el Parlamento respecto al paquete económico.
El debate en el recinto senatorial estuvo marcado por cruces verbales tras la ruptura del cuórum en la Comisión de Constitución días atrás. Desde el oficialismo, el senador Mesía cuestionó la salida de bancadas opositoras de la mesa de trabajo: “Hoy día no han debatido, no han hecho uso de su derecho al debate, sino uso al derecho residual que la Constitución le otorga: derecho al pataleo y nada más”.
En respuesta a los reclamos por el quiebre de acuerdos previos en comisiones, la legisladora Lourdes Alcorta recriminó a voceros de la oposición haber roto “un pacto de dignidad” alcanzado en negociaciones multipartidarias.
El resultado de la votación dejó al descubierto la fragmentación de la bancada del Partido del Buen Gobierno, donde dos senadores respaldaron la propuesta oficialista y cinco optaron por la abstención.
El dirigente de Obras, Daniel Barragán, justificó el respaldo de su bancada afirmando a los medios: “Nosotros no somos oposición, somos solución”, al tiempo que desestimó los cuestionamientos sobre el nombramiento de su hermana en un cargo público como condicionante de la votación.
Analistas políticos señalan que el desenlace refleja la inestabilidad de las bancadas en el Congreso peruano, donde 57 parlamentarios cambiaron de agrupación política entre los años 2021 y 2026. La resolución sobre las facultades legislativas constituye la primera decisión de relevancia procesada bajo el restablecido sistema bicameral, cuya norma autoritativa entrará en vigencia tras su publicación oficial.
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