La Administración de Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos reanudar la construcción del muro en Big Bend. El recurso de emergencia busca anular la suspensión judicial dictada en octubre por objeciones ambientales y legales.
La Administración de Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos reanudar la construcción del muro en Big Bend. El recurso de emergencia busca anular la suspensión judicial dictada en octubre por objeciones ambientales y legales.
El Gobierno de Estados Unidos interpuso un recurso de emergencia ante el Tribunal Supremo para desbloquear la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, en el oeste de Texas. La apelación del Departamento de Justicia pretende revertir el fallo dictado el 2 de octubre por la jueza federal del Distrito Oeste de Texas, Kathleen Cardone, quien paralizó los trabajos en un tramo aproximado de 805 kilómetros mientras se resuelve el litigio de fondo.
La controversia legal surgió tras la aplicación de una normativa de 1996. Dicha legislación faculta al secretario de Seguridad Nacional para omitir regulaciones ambientales y de conservación en zonas estratégicas.
Representantes del Ejecutivo argumentaron que el Congreso autorizó expresamente esas exenciones ambientales para acelerar las obras. Asimismo, la representación oficial advirtió que la falta de barreras en ese sector podría derivar los flujos migratorios irregulares hacia áreas sin protección.
Por su parte, la magistrada Cardone respaldó la postura de los demandantes al considerar que la Secretaría de Seguridad Nacional excedió los límites de su autoridad legal. El dictamen judicial determinó que la interpretación de la Administración plantea serios cuestionamientos sobre la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El proyecto de infraestructura fronteriza generó el rechazo de ganaderos, residentes, empresarios locales y agrupaciones ambientalistas. Los opositores a la obra sostienen que el trazado implica un gasto innecesario en una zona con índices bajos de tránsito clandestino.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), el sector de Big Bend registra históricamente entre el 1% y el 3% de las detenciones de migrantes anuales en la frontera suroeste. Pese a estas cifras, los planes gubernamentales contemplan la instalación de estructuras metálicas, barreras para vehículos y sistemas de vigilancia tecnológica.
La demanda judicial inicial fue presentada por las organizaciones Center for Biological Diversity y Friends of the Ruidosa Church, junto con el guía fluvial Danny William Miller. Los demandantes señalaron que la construcción afectará el hábitat de especies locales, destruirá recursos arqueológicos y alterará el acceso al río Bravo. Además, denunciaron posibles daños a la propiedad privada en zonas protegidas.
Bill Guerra-Addington, residente y ganadero de la zona, declaró ante el tribunal que la barrera representa un perjuicio irreversible para su rancho ubicado dentro del área bajo amparo judicial. El habitante del condado afirmó que la obra obstaculizará el acceso directo al recurso hídrico de la región.
El Congreso de Estados Unidos asignó 46.000 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional en el período estival de 2025 para completar las obras en la frontera con México. Las primeras estructuras metálicas en el sector de Big Bend se colocaron a mediados de septiembre, poco antes de la suspensión judicial dictada por la justicia federal.
El pronunciamiento del Tribunal Supremo definirá si los trabajos continúan de forma cautelar mientras los juzgados de menor jerarquía resuelven el caso. La decisión final sobre esta materia sentará un precedente respecto al alcance de las atribuciones del Gobierno federal para dejar en suspenso normativas ambientales en nombre de la seguridad nacional.
La resolución del máximo tribunal mantendrá el debate sobre el equilibrio entre las exigencias de la seguridad fronteriza y la preservación del patrimonio natural de las comunidades locales. Resta determinar hasta qué punto las facultades extraordinarias del Ejecutivo pueden prevalecer sobre las leyes de protección ambiental aprobadas por el Poder Legislativo.
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