El Gobierno lanzó la licitación para privatizar seis hoteles del complejo de Chapadmalal, que deberán mantener el uso turístico y su arquitectura histórica. Los otros tres edificios serán transferidos a la Universidad de Mar del Plata para un campus.
Una de las postales más tradicionales del turismo nacional está a punto de transformar su fisonomía por completo. El Gobierno nacional puso en marcha un concurso público a través de la agencia estatal que administra los bienes de la Nación para adjudicar la explotación de seis de los nueve hoteles del emblemático predio costero, abriendo el juego a que empresas privadas asuman la gestión y el mantenimiento de estas instalaciones históricas. Con una fecha límite fijada para fines de noviembre para recibir propuestas de los grupos interesados, el proyecto busca devolverle vida a una infraestructura que permanecía con sus puertas cerradas y sin actividad desde principios de este año.
La medida marca un punto de inflexión definitivo para este rincón icónico del partido de General Pueyrredón, que durante décadas albergó los programas estatales de vacaciones populares. Tras un brevísimo intento por aplicar una modalidad de hospedaje económico a comienzos de la última temporada veraniega, las autoridades decidieron retirar el predio de la cartera de Turismo, desvincular a la mayor parte de la dotación de personal y buscar un modelo de negocios que contemple financiamiento privado para revalorizar una superficie que supera holgadamente los setenta mil metros cuadrados cubiertos.
El plan trazado contempla que las seis unidades situadas sobre la banda oriental de la ruta interbalnearia —con salida directa hacia la playa— mantengan de forma obligatoria el uso hotelero, garantizando la circulación pública en las zonas señaladas y preservando los sectores protegidos como reserva ecológica. Quienes resulten adjudicatarios tendrán que comprometerse a realizar desembolsos importantes para restaurar y conservar estructuras diseñadas por el celebre arquitecto Alejandro Bustillo en la década del cincuenta, las cuales cuentan con protección como Monumento Histórico Nacional y no admiten modificaciones edilicias en sus fachadas originales. Para acceder a estos contratos por un plazo de treinta años, las firmas deberán abonar un canon mensual que oscilará entre veintitrés y cuarenta y ocho millones de pesos por edificio.
En paralelo, los tres módulos restantes ubicados del lado occidental de la calzada principal tendrán un destino completamente diferente y ligado a la educación superior. Tras intensas gestiones de sectores legislativos, las autoridades confirmaron la transferencia de esos inmuebles a favor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, institución que planea transformar las viejas habitaciones en una residencia estudiantil, centro de formación y polo de investigaciones científicas. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de directivos académicos que destacan el enorme potencial que ofrecen los parques circundantes para desarrollar actividades deportivas y comunitarias en conexión con instalaciones de alto rendimiento como el estadio polideportivo cercano.
Como era de esperarse, la decisión de licitar las instalaciones provocó un encendido intercambio de posturas entre referentes políticos locales y nacionales. Mientras que desde el municipio marplatense y el equipo económico de la Nación festejaron el llamado asegurando que la llegada de capitales privados reactivará la zona generando puestos de trabajo y rescatando la infraestructura del abandono, la oposición parlamentaria bonaerense tildó el proceso como un remate del patrimonio social e intentó, sin éxito, elevar proyectos para que la administración del complejo quedara en manos de la provincia de Buenos Aires.
Más allá de los discursos, la realidad material del predio presenta contrastes extremos que requerirán inversiones de distinta magnitud. Mientras que algunas unidades se encuentran operativas y hasta cuentan con equipamiento a estrenar como colchones empaquetados procedentes de reformas recientes que jamás se inauguraron, otros pabellones exhiben un estado de deterioro avanzado en sus cimientos. La recta final hasta la apertura de los sobres determinará si las corporaciones privadas ven un negocio viable en esta histórica joya arquitectónica o si el predio deberá recalcular su futuro frente a la costa.
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