En Loma del Torito, junto a La Perla, el Ejército enterró a cientos de desaparecidos y en 1979 los removió con máquinas. Hoy, con una clasificadora de cereales y ADN de fragmentos mínimos, el EAAF ya devolvió 38 nombres. Mariella Fumagalli explica cómo lo lograron.
En la conferencia de prensa del viernes 23 de octubre, la hermana de Cecilia Alicia Pessina de Ávila habló de lo que les devolvieron: un dedito de su mano. A Mariella Fumagalli esa imagen se le quedó grabada. Eso es lo que la familia recibe después de 50 años. “Lo que usted está recibiendo es un huesito, dos huesitos, tres huesitos”, resume la directora programática para Argentina del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y en esa cuenta mínima está toda la dimensión de lo que se busca en Córdoba.
Con Cecilia y otras siete personas identificadas ese día, ya son 38 los nombres recuperados en Loma del Torito, el predio lindero al ex centro clandestino La Perla, dentro de la Guarnición Militar de La Calera: 12 en marzo, 17 en mayo, uno en agosto y 8 en octubre. Hay otros 5 perfiles genéticos completos que todavía esperan una familia. Y el EAAF calcula que alrededor de 700 personas pudieron haber sido asesinadas en ese lugar.
“Es una operación que no tiene precedentes en Argentina”, dice Fumagalli. Para entender por qué, hay que volver a 1979.
La pista la dieron primero los sobrevivientes de La Perla. Contaron en los juicios que de la cuadra, el lugar donde permanecían detenidos, sacaban gente una o dos veces por semana, a veces de a uno, a veces en camiones. Los camiones tardaban entre 30 y 40 minutos en ir y volver, y volvían vacíos. La guarnición tiene 14.000 hectáreas, pero ese tiempo no alcanzaba para llegar muy lejos: tenía que haber un lugar adentro donde las personas eran asesinadas y enterradas.
Después llegaron dos testimonios. En 1985, en el Juicio a las Juntas, el peón José Julián Solanille, que pastoreaba vacas dentro del predio, declaró haber visto en Loma del Torito ondulaciones que parecían sepulturas, haber escuchado disparos y visto columnas de humo. El otro fue un ex militar, ya fallecido, que describió una operación ordenada en el primer semestre de 1979 por el Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, para remover esos enterramientos. El motivo, según su relato, era la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fumagalli agrega un matiz: pudo haber sido un elemento fundamental, pero quizás no el único.
Lo que empezó como hipótesis, el trabajo en el terreno lo corroboró. “Es como una doble desaparición, ¿no? Por un lado, son inhumados clandestinamente, después son removidos y sus cuerpos son llevados con destino desconocido”, explica. No es un caso aislado: una operación similar ocurrió en Tucumán, también bajo el mando del Tercer Cuerpo.
La búsqueda no empezó ahora. La causa por enterramientos clandestinos se abrió en 1998, a partir de una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel y otros referentes de derechos humanos. Desde 2004, a pedido del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, el EAAF hace búsquedas sistemáticas en el predio con técnicas arqueológicas, geológicas y geofísicas, y la de 2025 fue la campaña número 12 de excavación. En esos años usaron drones, georradares, sondas electromagnéticas y un vuelo LiDAR, un relevamiento desde un avión que arma un mapa 3D del terreno para detectar alteraciones.
Mariela Fumagalli insiste en que el hallazgo no fue magia: fueron dos décadas de excavar, relevar y descartar terreno. Tenían además dos fotos aéreas de 1976 y 1978. Pero Loma del Torito son 300 hectáreas, y excavarlas todas era imposible.
La clave apareció a inicios de 2023, cuando consiguieron a través del Catastro provincial una imagen aérea de junio de 1979. A diferencia de las anteriores, mostraba un área de unas 12 hectáreas con el suelo removido: no pozos ni montículos, sino marcas como las que deja un rastrillo en la arena. La fecha coincidía con el relato del militar. “Todo iba como concatenándose”, dice Fumagalli.
El equipo presentó un plan de trabajo al Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. Descartaron 4 hectáreas ya excavadas en intervenciones anteriores o cubiertas de roca, donde nadie entierra un cuerpo. Quedaron 8 hectáreas, y ninguna forma de achicar más la búsqueda.
“No podemos excavar 8 hectáreas con una cucharita y un pincel”, explica. Con una retroexcavadora trazaron 900 trincheras de 20 metros de largo, 1,50 de profundidad y 1,20 de ancho, una al lado de la otra. En septiembre de 2025 aparecieron las primeras dos vértebras humanas.
El contexto confirmó lo demás: sedimento revuelto, capas de tierra mezcladas, rellenos traídos de otro lado, huesos sueltos.
“Ellos pusieron la retroexcavadora y levantaron los cuerpos. Y lo que nosotros estamos encontrando es lo que se cayó de esas palas“, describe. No hay cuerpos enteros ni articulados. Tampoco aparece la ropa ni el calzado que correspondería a cientos de personas, apenas anillos y una cadenita con dijes. “Es sistemática la remoción de la sepultura, pero no sistemática la recuperación”, resume.
Faltaba revisar la tierra entre trinchera y trinchera: todo el sedimento de 8 hectáreas hasta un metro y medio de profundidad. A mano, calcula, eran diez años de trabajo. Nunca se había mecanizado algo así en el país. “Bueno, conseguimos una clasificadora de cereales”, cuenta.
La máquina filtra la tierra en mallas de 3, 15 y 30 milímetros; la más fina no deja pasar ni un diente. “Hay personas que se están identificando por una pieza dental. Entonces, en este contexto, cada elemento óseo puede representar una identidad”, explica. La clasificadora descarta el 70% del sedimento y el 30% restante se revisa a mano en zarandas, un trabajo que hace una cooperativa de mujeres. Los únicos antecedentes comparables, dice, son las Torres Gemelas y La Escombrera, en Colombia.
Fumagalli lo piensa como una paradoja del horror: “Es una operación muy similar a la que hicieron en su momento para ocultar esos cuerpos. Con los fines completamente opuestos”.
La campaña de este año cierra este viernes 30 de octubre por la temporada de lluvias. En 2027 quedan unos 15 o 20 días de clasificadora y después la etapa manual, con el objetivo de cerrar las 8 hectáreas en el segundo semestre de 2027. Antes, hay que conseguir los fondos.
Son más de 3.000 fragmentos y no se pueden analizar todos. Por eso calculan el número mínimo de individuos: si hay 15 fémures derechos, hay al menos 15 personas. Cada perfil genético se compara después con 11.000 muestras de sangre de familiares de todo el país. “Identificar es comparar una muestra dubitada con una indubitada. Si no tenés alguna de esas patas, no es posible identificar”, explica.
Hace quince años nada de esto hubiera sido posible. Antes hacían falta padres o hijos; hoy se logran identificaciones con más del 99,99% de certeza a partir de sobrinos, primos o nietos, aunque se necesitan varios: es como reconstruir un papel roto en quince pedazos. Y cada coincidencia se revisa contra la historia de la persona, porque puede haber parecidos genéticos al azar. “Ningún eslabón por sí solo puede arribar a una identificación”, insiste. En la cadena están las familias, la Justicia, los organismos de derechos humanos, arqueólogos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el geólogo Guillermo Sagripanti, de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
En este caso, el primer contacto lo hace el juzgado, con un llamado o una visita. No se dice “lo identificamos”, sino que hay novedades. Después llega una audiencia judicial con personal del juzgado y del EAAF, y ahí la regla es una sola: “primero la noticia”. Alargar la espera con formalidades, dice, es alimentar la angustia. “La desaparición forzada es la incertidumbre sostenida llevada al extremo, es la imposibilidad de iniciar un duelo”, explica.
La familia recibe el mismo dictamen pericial que el juez, con el mismo lenguaje. Algunas piden los restos enseguida; otras prefieren esperar, porque nuevos cotejos pueden asociar más huesos a la misma persona. La mayoría visita el sitio, deja una flor, se lleva tierra. Para Fumagalli, una identificación no es el final: cada nombre abre otro cajón, porque pueden aparecer más huesos de esa persona y pistas sobre quiénes estaban con ella. “Parece que sí, pero en realidad nada se cierra”, dice.
Sagripanti registró en el sedimento marcas de distintos tipos de máquinas. Eso abre preguntas: quién las manejó, de dónde salieron, quién puso el camión y el combustible. Según el testimonio del militar, los huesos se cargaron en tachos de 200 litros y partieron en camión en dirección a las Salinas Grandes, lo que no significa que hayan llegado ahí. “El Ejército, por supuesto. Pero también había gente de la sociedad civil”, plantea. No le toca al EAAF determinarlo, aclara, pero es una línea que la Justicia tiene que investigar.
“Borrar de la faz de la tierra una persona es imposible”, responde Fumagalli. Reconoce límites: los restos quemados, de los que todavía es muy difícil extraer ADN, y los vuelos de la muerte, aunque incluso de ellos se recuperaron más de 60 cuerpos en las costas de Buenos Aires y Uruguay, la mayoría identificados. Y cuando no hay huesos, quedan papeles: huellas dactilares de cuerpos enterrados como NN que hoy se cotejan con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). “Por más clandestina que fuera la represión, no tenemos que perder de vista que era el Estado el que estaba a cargo. El Estado es una maquinaria burocrática”, dice.
Faltan cientos de nombres, y Fumagalli lo sabe. Habla de un contexto nacional, regional y global de retracción de las políticas de derechos humanos, de Madres y Abuelas que se están yendo, de represores que mueren callados. El equipo nació en 1984 y atravesó el Punto Final y el menemismo. “Aún en el peor de los contextos, también hay cosas que se pueden hacer”, dice. En Loma del Torito, quisieron que no quedara nada pero “los huesos están ahí”.
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