Un hombre de 27 años fue detenido en Córdoba acusado de amenazar de muerte al ministro Juan Pablo Quinteros. El sospechoso cayó en Villa Boedo luego de enviar fotos de armas a las redes policiales.
Un hombre de 27 años fue detenido en Córdoba acusado de amenazar de muerte al ministro Juan Pablo Quinteros. El sospechoso cayó en Villa Boedo luego de enviar fotos de armas a las redes policiales.

Personal de la Policía de Córdoba detuvo anoche a un joven de 27 años en barrio Villa Boedo. La Justicia provincial lo acusa por amenazas calificadas contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El operativo concluyó con el secuestro de un teléfono celular que será sometido a peritajes técnicos.
La investigación preparatoria comenzó el miércoles 4 de noviembre tras una denuncia formal. En esa jornada, una cuenta oficial de la fuerza de seguridad recibió mensajes privados con insultos dirigidos al funcionario provincial. El texto advertía al ministro no ingresar al mencionado barrio porque lo estaban esperando.
Junto a los mensajes figuraba una fotografía con armas (fusiles, subfusiles, pistolas y cargadores) colocados sobre una mesa. A partir de esa publicación, intervino la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, bajo la dirección del fiscal Franco Pilnik. Las tareas técnicas sobre el perfil utilizado permitieron identificar al usuario y geolocalizar su vivienda.
Efectivos de la Unidad Judicial de Investigación Criminal ingresaron al inmueble durante la noche del jueves. El despliegue formó parte de tareas de saturación preventiva desarrolladas en la zona. Durante el registro, las autoridades judiciales incautaron el dispositivo móvil presuntamente empleado en la maniobra intimidatoria.
Especialistas informáticos analizarán el teléfono para determinar la autoría material de los envíos. Paralelamente, voceros vinculados a la causa indicaron que el sospechoso posee antecedentes penales por robo calificado mediante armas de fuego.
El ministro de Seguridad provincial supervisó el procedimiento policial en el lugar del hecho. Quinteros remarcó que las intimidaciones contra autoridades públicas buscan condicionar la tarea estatal en los territorios. Asimismo, el funcionario ratificó la continuidad de su esquema habitual de trabajo barrial sin esquemas de custodia extraordinaria.
Por otra parte, el traslado definitivo del acusado a la Unidad de Contención del Aprehendido quedó temporalmente postergado. La medida responde a una serie de evaluaciones médicas ordenadas por la Justicia, motivadas por afecciones de salud previas del implicado. Las actuaciones continúan en sede judicial a la espera del informe pericial definitivo sobre las comunicaciones digitales.
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