Juicio Hotesur-Los Sauces: La UIF acusó a los Kirchner de lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal N°5 celebra una nueva audiencia del juicio Hotesur-Los Sauces, en la que se comenzó con la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner.

La querella sostuvo en la elevación a juicio que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner montaron una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” para beneficiar a “empresarios amigos” con contratos públicos y “apoderarse de fondos públicos mediante mecanismos de lavado de dinero”.

Así, crearon una “sistema para transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios a los propios expresidentes a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de complejos hoteleros, construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades”.

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De esta forma, según la acusación, la familia Kirchner lograba que, a través de la inmobiliaria Los Sauces, estos “pagos por la obra pública concedida” se incorporen a su patrimonio “con apariencia de origen lícito”.

Cada uno de los 24 imputados, entre los que se encuentran los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, tenía un rol dentro del presunto esquema.

En el caso de los expresidentes, la UIF señaló que “aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo les otorgaban” junto a otros funcionarios que dependían de ellos, “valiéndose de la presunción de legitimidad de la que gozan los actos de un funcionario público en las competencias y atribuciones de sus puestos”.

Al igual que lo expuesto por la Fiscalía, la querella apuntó que la maniobra de lavado de dinero a través de Los Sauces tenía dos fuentes de financiamiento. Por un lado, el dinero obtenido por la “defraudación con la obra pública en Santa Cruz” a las empresas de Lázaro Báez. Por otro, el “crecimiento exponencial” de las empresas del Grupo Indalo gracias a contratos de obra pública, explotación hidrocarburífera y juegos de azar, entre otros.

Sobre la maniobra, apuntaron que comenzó en 2006 con la conformación de Los Sauces por parte de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo Máximo, quien fue nombrado como presidente. Florencia, la otra hija de la familia, no formó parte desde su inicio pero ingresó luego y fue beneficiada.

El segundo paso fue “dotar de bienes a la sociedad que, a posteriori, servirían como canalizadores de fondos que se iban a transferir” desde las firmas de los “empresarios amigos”.

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Estos conglomerados luego celebraban “contratos de locación simulados” con Los Sauces para justificar estas transferencias. Para la querella, estos se hicieron “sin justificación alguna” y a “precios más costosos” que los de mercado.

“Así, queda evidenciado que el negocio inmobiliario y hotelero desplegados por la firma Los Sauces” fue “el vehículo por medio del cual se llevó adelante el proceso de colocación del dinero recibido del Estado nacional”, que con “apariencia de legalidad” permitiría “enviar fondos a la familia presidencial con concepto de cánones locativos”.

La acusación apunta que, entre 2009 y 2016, la inmobiliaria de la pareja presidencial recibió más de 25 millones de pesos como parte de estas maniobras.

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En ese sentido, acusaron que la familia Kirchner montó “un esquema de corrupción sin precedentes” que se extendió durante más de doce años, del que fueron parte personas de “extrema confianza”.

Tras finalizar con la primera parte del requerimiento de la UIF, el presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 13 de noviembre. Aún resta terminar de escuchar la acusación de este organismo, para luego comenzar los la elevación a juicio de la causa Hotesur.

Además, según adelantó, analizan convocar a que haya audiencias los días miércoles, junto con los lunes y viernes, “a los fines de no retrasar la lectura” de los requerimientos y para evitar habilitar los sábados.