Un paro docente de una semana pone en peligro la finalización del cuatrimestre y desnuda la crisis de las universidades. Ante el reclamo de mejoras salariales, el gobierno se negó a dialogar.
Un paro docente de una semana pone en peligro la finalización del cuatrimestre y desnuda la crisis de las universidades. Ante el reclamo de mejoras salariales, el gobierno se negó a dialogar.
La crisis que atraviesan las universidades nacionales en Argentina ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ha convocado a un paro de una semana, en reclamo de mejoras salariales, un mayor presupuesto para gastos de funcionamiento y financiamiento para ciencia y tecnología. La medida de fuerza, que se extenderá hasta el sábado, amenaza con impedir la finalización del segundo cuatrimestre en las casas de altos estudios de todo el país.
El reclamo de los docentes se basa en un dato contundente: sus salarios han perdido un 40% de su poder adquisitivo. Muchos de ellos no logran cubrir el costo de la canasta básica y, como consecuencia, se han registrado miles de renuncias en el sistema universitario. La situación presupuestaria es crítica, ya que las universidades operan con el presupuesto de 2023, y la inversión por estudiante es la más baja desde 2005. Además, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha advertido que el normal funcionamiento de las universidades en el segundo cuatrimestre está en peligro.
La respuesta del Gobierno a estas medidas de fuerza ha sido de confrontación. El presidente ha llamado a la protesta un “megaparo turístico”, evitando el diálogo y la negociación. La situación se agrava con el debate en el Congreso de un proyecto de ley de financiamiento universitario que el presidente planea vetar. La crisis afecta a más de 2,5 millones de estudiantes y ha generado problemas como la dificultad para pagar pasajes, la eliminación de becas, la caída de los servicios de comedor y la imposibilidad de mantener la infraestructura.
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Hernán Boveri apeló su procesamiento por el presunto robo de propofol en el Hospital Italiano, alegando falta de pruebas directas y un inventario sin faltantes. Su defensa califica la acusación de arbitraria, basándose solo en rumores y testimonios indirectos.
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