Un juez ordenó el arresto de los directivos y accionistas de los laboratorios detrás del fentanilo contaminado. La decisión judicial se basa en un informe que reveló cómo el medicamento agravó el cuadro de decenas de pacientes, abriendo un debate sobre la negligencia.
La Justicia ordenó la detención del dueño de HLB Pharma, Ariel Fernando García Furfaro, y de otros miembros clave de los laboratorios investigados por las muertes relacionadas con una partida de fentanilo contaminado. La medida, dispuesta por el juez Ernesto Kreplak, se ejecuta mediante diez allanamientos simultáneos que abarcan a la cúpula directiva y a los accionistas de las empresas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
El operativo, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), buscó detener, además de García Furfaro, a sus hermanos Diego y Damián, quienes comparten el control operativo de las compañías. También se incluyó en la orden de detención a su madre, Nilda Furfaro, quien figura como vicepresidenta de HLB. La investigación abarca también a Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios, y a los directores técnicos, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.
La decisión judicial se sustenta en un reciente informe del Cuerpo Médico Forense. El estudio de las historias clínicas reveló que, si bien el fentanilo no fue la causa directa de los decesos, sí constituyó un “factor agravante significativo” que contribuyó al fatal desenlace de al menos doce pacientes.
El informe pericial, crucial para la causa, certificó que la partida del medicamento de HLB Pharma estaba contaminada con bacterias y se encontró en la sangre de los afectados.
Los allanamientos y órdenes de arresto contra la cadena de mando de los laboratorios no solo buscan determinar la responsabilidad penal, sino que también plantean preguntas cruciales sobre los procesos de control de calidad y la responsabilidad corporativa.
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