El jefe de Gabinete se refirió a la remoción del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, luego de la filtración de supuestos audios de corrupción que involucran a figuras de alto rango. La decisión, tomada de forma “preventiva”, busca evitar un mayor costo político.
El Gobierno enfrentó una nueva crisis. El foco se posó sobre la salida de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La noticia se oficializó luego de la divulgación de audios donde el exfuncionario, presuntamente, detalla un esquema de coimas y retornos con laboratorios, aludiendo incluso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.
Al ser consultado sobre el tema, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió que la remoción de Spagnuolo fue una decisión del presidente Javier Milei. Francos se distanció de forma contundente al asegurar que “no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”. A pesar de esa declaración, el ministro agregó que confía en la inocencia de Karina Milei y Eduardo Menem, señalando que el tema debe ser investigado por la Justicia.
Los audios filtrados, de origen desconocido, dan la “impresión” de estar editados, lo que ha generado un debate sobre su veracidad. La respuesta del Gobierno fue remover al funcionario de su cargo “de manera preventiva”. Este movimiento, según fuentes oficiales, busca evitar que el escándalo se magnifique y sea utilizado por la oposición en el contexto electoral.
La decisión de Milei y la declaración de Francos abren un interrogante sobre la capacidad del oficialismo para enfrentar las acusaciones de corrupción. ¿Es la remoción de Spagnuolo una respuesta contundente o una maniobra para contener el daño político y evitar un análisis más profundo de las denuncias que involucran a figuras clave del círculo íntimo del poder? El rol de la Justicia será crucial para determinar la verdad detrás de las filtraciones y las implicaciones para la transparencia del Gobierno.
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