El Gobierno nacional incluyó al Cartel de los Soles en el registro de organizaciones terroristas, tras informes que vinculan a esta red con el narcotráfico y lavado de dinero. La medida refuerza la cooperación internacional para impedir su accionar en Argentina.
El Ejecutivo argentino anunció la incorporación del Cartel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia. La decisión, coordinada entre los ministerios de Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores, responde a informes oficiales que atribuyen al grupo actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales.
Se destaca, además, la vinculación del cartel con miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluido el entorno del presidente Nicolás Maduro.
El Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, elaboró un informe detallado sobre las células del Cartel de los Soles que operan en el país para lavar dinero proveniente del narcotráfico. La medida busca limitar el acceso de la organización a los sistemas financieros argentinos y frenar el avance de sus redes ilegales. Las sanciones incluirán restricciones operativas y financieras que apuntan a golpear la capacidad operativa del grupo dentro del territorio nacional.
Argentina se suma así a la ofensiva regional impulsada por Estados Unidos, Paraguay y Ecuador, que clasifican al cartel como organización terrorista. Marco Rubio, senador estadounidense, destacó la construcción de una coalición internacional para enfrentar el narcotráfico vinculado a este tipo de redes. Esta estrategia colectiva busca fortalecer los mecanismos de prevención, sanción y cooperación judicial que permitan desarticular las estructuras criminales transnacionales.
Pese a estas medidas, el fenómeno del lavado y financiación del narcotráfico plantea desafíos complejos, dada la sofisticación de las redes y sus vínculos políticos. La inclusión del Cartel de los Soles en el RePET representa un avance institucional que apunta a cortar los recursos financieros de estas organizaciones, pero el combate efectivo exigirá un seguimiento constante, colaboración regional y transparencia en la ejecución de estas sanciones.
La Ciudad de Buenos Aires habilitó un plan para refinanciar deudas de préstamos y tarjetas a menor tasa mediante diez bancos, como Ciudad, Galicia y Santander. Destinado a hogares vulnerables con mora reciente, el trámite vence a mediados de octubre.
Argentina recibe una segunda tanda de seis aviones de combate F-16 procedentes de Dinamarca. Con este arribo a Córdoba, la Fuerza Aérea alcanza 12 unidades operativas de las 24 adquiridas para recuperar la capacidad de defensa supersónica nacional.
La Justicia rematará activos de Garbarino y de su agencia de viajes por más de $22 millones tras decretar la quiebra. El proceso abarca la liquidación del patrimonio de Carlos Rosales y reclamos de ex-empleados de las fábricas fueguinas.
El gobernador Axel Kicillof encabeza una gira en Nueva York con inversores, ejecutivos y referentes internacionales. En paralelo a la cumbre de la ONU, el mandatario bonaerense busca transmitir solvencia financiera y presentar un perfil favorable al desarrollo productivo.
La Justicia autorizó a Vicentin a acceder a una línea crediticia de hasta US$50 millones otorgada por Bunge. La compañía respaldará la operación con acciones de Renova y destinará los fondos al capital de trabajo para su reactivación.
Las exportaciones de carne vacuna sumaron US$518,4 millones en agosto tras despachar casi 73.000 toneladas. La suba de las cotizaciones internacionales impulsó un alza interanual del 29,1% en la facturación, consolidando a China e Israel como compradores clave.
El vicepresidente JD Vance defendió la restricción de acceso a la Casa Blanca para tres cadenas acusadas de sesgo. En respuesta, grandes televisoras suspendieron coberturas oficiales mientras los medios afectados presentaron una demanda en la justicia federal.
Un estudio expuso marcadas asimetrías en el gasto legislativo provincial. Tucumán lidera las erogaciones con $3.725 millones por banca, mientras San Luis asigna $176 millones. El 84% de las partidas se destina al pago de salarios de plantillas administrativas.
